El pasado 7 de julio perdió la vida Miguel Arturo Ramírez López por complicaciones ocasionadas por COVID-19 en Chiapas; 10 días después su hija demandó por abuso de autoridad y negligencia médica al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca.
Ramírez López fue un político priista muy influyente en Chiapas, fue alcalde, diputado local, diputado federal y secretario de gobierno del Estado; desde el 2016 se desempeñaba como coordinador de la zona norte del Partido Verde Ecologista de México.
Miguel Arturo ingresó al ‘Búnker VIP’, escribe Isaín Mandujano para la revista Proceso, del Hospital Vida Mejor del ISSSTECH, pese que a que no era un derechohabiente; fue atendido por el doctor Grajales Yuca, sin embargo no sobrevivió a los estragos que había hecho en su cuerpo el COVID-19.
Este domingo, la FGE confirmó en una misiva oficial que, efectivamente, después de haber llevado a cabo diligencias de investigación, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo Vicente “N” por la posible comisión del delito de abuso de autoridad en Tuxtla Gutiérrez.
Según la FGE, de acuerdo con la carpeta de investigación, Gerardo Vicente “N” “en su calidad de servidor público del área COVID del Hospital de Especialidades Vida Mejor, dependiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), solicitó a la persona denunciante equipo e insumos para tratar a su padre, siendo que de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado el nosocomio cuenta con los medicamentos y el equipo necesario para atender a los pacientes”.
La esposa del médico, Fernanda Ochoa, denunció que detrás de esta captura del médico y padre de sus hijos hay “intereses políticos”, pues las pruebas contra su esposo son recetas médicas que no llevan su firma, y que todo son dichos verbales de la hija del exdiputado local quien también ha sido funcionaria del partido que dirigía su padre.
Además de que el delito no es grave, en el marco del nuevo sistema de justicia penal le debieron notificar primero para desahogar las diligencias; sin embargo, fue detenido bajo engaños y llevado preso al penal del Canelo el mediodía de este sábado.
La afligida esposa dijo que lo que ve es tráfico de influencias, pues la justicia nunca es diligente cuando un particular denuncia penalmente a otras persona, pero como se trata de la hija de un político influyente fallecido, actuaron con rapidez en contra del joven médico.
Dijo que el único delito del médico es estar exigiendo a sus superiores más medicamentos, insumos, equipo de protección, además de ventiladores para los enfermos de Covid-19.
Médicos amigos y familiares del doctor Gerardo Vicente aseguran que es muy injusto que un médico tenga que pagar las consecuencias de la escasez de medicamentos en las instituciones de salud pública del Estado de Chiapas.
Este escenario pone en riesgo la vida de los profesionales de la salud y los coloca en una situación vulnerable, esto a pesar de que son quienes se encuentran en línea de batalla en contra de la pandemia que ha puesto al filo de la cuerda al sistema de salud mexicano.
