La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se mostró en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobará la realización de la consulta para enjuiciara los ex presidentes de México que gobernaron entre 1988 y 2018.
El organismo empresarial liderado por Gustavo de Hoyos lamentó que dicha decisión se hubiera tomado, declarando en un comunicado oficial que en su opinión “el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que proponía declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta, resultaba apegado a los derechos fundamentales que consagra la Constitución”.
De acuerdo a la COPARMEX y a sus integrantes, el realizar dicha consulta implica que se realicen diversas violaciones a la Constitución Mexicana, entre los que se encuentran el Artículo 13 relativo a los llamados tribunales especiales, así como al principio de taxatividad penal, el cual hace referencia a la exigencia de certeza o determinación de la ley.
La consulta también es contraria a lo previsto en el artículo 35, fracción VIII inciso 3 de la Constitución, expusieron los empresarios mexicanos, por lo cual esta aprobación es una inherente a la violación de los derechos de las víctimas y los indiciados, y vulnera la Convención de Naciones Unidas en materia de combate a la corrupción, añade el comunicado sin más explicaciones.
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“Muchos juristas han destacado que la consulta se ubica en el supuesto de desvío de poder previsto en la jurisprudencia internacional”.
Señala además que la consulta a la población implica un derroche de recursos económicos innecesarios, en momentos en que las acciones de gobierno requieren atender en forma prioritaria otras necesidades de la población.
La COPARMEX aclaró no obstante que, en congruencia con la posición irreductible de fortalecimiento del estado de derecho, respeta la decisión adoptada por el máximo tribunal.
Con seis votos a favor y cinco en contra, los ministros que integran el pleno de la Corte declararon constitucional la consulta, pero reformularon la pregunta que había planteado realizar el presidente Andrés Manuel López Obrador y, entre cambios, en la nueva interrogante los ministros eliminaron los nombres de los cinco ex mandatarios.
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