La espectacular caída en desgracia del anterior jefe del Ejército mexicano ha planteado preguntas incómodas sobre la dependencia del presidente de los militares para luchar contra las bandas de narcotraficantes y administrar una cartera cada vez mayor de infraestructura civil vital.
El arresto el jueves del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles bajos cargos de narcotráfico sacudió a la política y avergonzó a una institución que alguna vez fue muy confiable.
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La detención amenaza con dañar las relaciones del Gobierno con los militares que, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018, han tomado la tarea no solo de reducir la violencia sino de administrar puertos e incluso construir un aeropuerto.
“Ha puesto todo su capital político en hacer que su proyecto político funcione a través de las fuerzas armadas”, dijo Falko Ernst, analista senior del International Crisis Group. “Si se aleja de eso, no hay nadie más a quien recurrir en este momento. No le quedan muchas otras opciones”, agregó.
López Obrador respondió al arresto de Cienfuegos comprometiéndose a erradicar la corrupción militar, una promesa que no termina de cuadrar con la confianza que previamente había depositado en los generales de México.
Ahora, los mismos líderes del Ejército con los que el presidente está contando para pacificar a México después de años de violencia de cárteles podrían terminar marginados de los principales nombramientos de seguridad civil, dicen funcionarios.
Antes de la detención de Cienfuegos, crecía la especulación de que López Obrador nombraría a un general para reemplazar al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien ha señalado su intención de postularse para gobernar el estado norteño Sonora en 2021.
“Esto cambia las reglas del juego”, dijo un funcionario de alto rango de la policía mexicana, quien habló bajo condición de anonimato. López Obrador tendría que “pagar un alto precio político” para poner una figura militar a cargo del organismo civil, agregó.
Además, hay un tema de resentimiento, dicen expertos.
Acusar a Cienfuegos, quien dirigió al Ejército entre 2012 y 2018, con el mismo crimen que se suponía que debía erradicar, corre el riesgo de sacudir un pilar clave del Estado mexicano hasta la médula y provocar su ira, dijo otro funcionario.
“Los militares no lo van a tomar para nada bien”, afirmó.
López Obrador respaldó rotundamente el viernes al sucesor de Cienfuegos al frente del Ejército y a su homólogo en la Marina, diciendo que los había investigado personalmente y garantizado su honestidad.
Algunos generales han sido encarcelados por cargos de drogas anteriormente. Pero el arresto del exjefe militar por parte de una potencia extranjera es un duro golpe para el prestigio de una institución que se ha enorgullecido de ser el principal garante de la estabilidad del país desde la Revolución Mexicana hace un siglo.
En parte, esto se debe a que los presidentes mexicanos, que solo pueden cumplir un mandato de seis años, han optado por cortar y cambiar las instituciones policiales civiles en lugar de construir sobre lo que comenzaron sus predecesores, dicen críticos.
Sin embargo, a menudo esa fue una reacción a la corrupción percibida dentro de esos cuerpos, como lo demuestra el arresto en diciembre de 2019 del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna por funcionarios estadounidenses por presuntamente aceptar sobornos del cártel de la droga de Sinaloa.
García Luna niega los cargos. Irónicamente, López Obrador dijo que el arresto de Cienfuegos surgió de esa investigación.
