Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que el aplicar medidas como multar a los ciudadanos por no utilizar cubrebocas no es la forma correcta de incitar a la población a seguir protegiéndose contra el COVID-19.
De igual forma, el funcionario federal reprobó que los gobiernos municipales y estatales hagan uso de la fuerza pública para obligar a las personas a usar las medidas de prevención.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el epidemiólogo dijo que no es apropiado culpabilizar a los individuos, sino fomentar acciones colectivas de prevención.
Lo anterior, luego de que el cabildo de San Pedro Pochutla, Oaxaca, anunciara esta semana que aplicará multas de 500 pesos o arrestos de ocho horas a personas que no porten cubrebocas en la vía pública.
El funcionario federal reconoció que los gobiernos estatales pueden tener competencia para establecer estas medidas, y que el Gobierno Federal no está en la capacidad legal de inhibirlas; sin embargo, recordó los diversos “episodios lamentables” que han surgido a lo largo de la pandemia en el país, en los que policías locales han reprimido a ciudadanos por no portar cubrebocas.
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“El Gobierno Federal tiene una postura clara ante el tema. Consideramos que no es apropiado, que no es útil, y en cambio, puede ser muy inconveniente el culpabilizar al individuo por un fenómeno que es colectivo”, expresó.
Recordó que el cubrebocas es un instrumento complementario de la protección para las demás personas, ya que no ayuda a que una persona no se infecte, sino como auxiliar para reducir las posibilidades de que una persona con el virus contagie a los demás.
“No es una barrera de protección suficientemente eficiente”, aclaró.
Consideró que hacerlo obligatorio “trastorna la organización de una respuesta colectiva, que necesariamente tiene que ser solidaria”.Consideró que hacerlo obligatorio “trastorna la organización de una respuesta colectiva, que necesariamente tiene que ser solidaria”.
Recordó que, a lo largo de la historia, los decretos de prohibición tienden a estigmatizar y culpabilizar, y con frecuencia se asocian con actos de discrimninación, con frecuencia a minorías étnicas, nacionales y diversidades sexogenéricas, “como ha ocurrido por más de 35 años con la epidemia del VIH-Sida”.
