El medio de La Jornada ha revelado que la justicia de Andorra, un país soberano del Suroeste de Europa, ha decidido confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
A través de un contexto de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero y de una operación contra el bloqueo de capitales se informó que el dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, estaban formando parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
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De acuerdo con la investigación de Armando G. Tejeda corresponsal en España del periódico que como palabra clave de las investigaciones está el abogado de confianza del expresidente, Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado, y quien fue arrestado en julio de 2019 por números delitos, entre ellos la apropiación de recursos ilícitos y delincuencia organizada.
Actualmente, Andorra cuenta con el menos 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se ha convertido durante el sexenio de Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
En el año 2015 las autoridades de España y Estados Unidos alertaron que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales por parte de mexicanos y que, lo más grave, cuyo dinero estaba procediendo sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos. Según un funcionario de la judicatura consultado por La Jornada, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.
