La noche que María llegó a la Fiscalía de Delitos Sexuales en Acapulco, envuelta tan sólo en una toalla, no sabía que durante un año había sido víctima de trata con fines de explotación sexual. Pensaba que debía nombrarse como prostituta y que, además, era su culpa por haberse enamorado de su proxeneta.
Le tomó una estancia de 11 meses en un refugio especializado en víctimas de trata en Puebla, de donde es originaria, para reconocerse como tal, reintegrarse a la sociedad, estudiar y trabajar.
María, cuyo nombre fue modificado por seguridad, tiene 26 años y atribuye su reintegración social a que cuando se liberó de la red de trata, en 2015, en la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), le ofrecieron entrar al único refugio de este tipo que hay en la ciudad de Puebla, la asociación civil Anthus.
La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos de Trata afirma que cada entidad deberá tener un refugio para víctimas de este delito, o en su defecto, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que posean uno. De lo contrario, según Mariana Wenzel, directora y fundadora de Anthus, las mujeres liberadas en operativos corren el riesgo de volver a la explotación sexual.
“Sabemos que se hace un rescate, entre comillas, pero no se les da alternativas; lo único que se hace es que se crea conflicto con los tratantes y muchas veces se vengan de ellas y se vuelven más violentos”, sostuvo.
El 4 de noviembre de 2020, la FGE anunció, a través de la prensa, la liberación de 74 mujeres víctimas de trata de distintos estados del país, y la detención de cinco personas en un operativo en la zona centro de la ciudad de Puebla. Dos hoteles, uno de ellos conocido popularmente como Chalalay y una casa particular.
Uno de los inmuebles donde se realizó el operativo contra la trata de personas, en la ciudad de Puebla, se mantiene vacío, pero de las 74 mujeres víctimas se desconoce su paradero.
“Sabemos que ahí, dentro del Centro Histórico hay dos o tres mafias que manejan la trata e, incluso, hemos sabido por víctimas, directo de ellas que cuando hacen las marchas para que las dejen trabajar, muchas de ellas son víctimas que los tratantes les piden y obligan que salgan a marchar pidiendo que las dejen trabajar.
“Me acerqué a la Secretaría de Gobierno y la respuesta fue: ‘¿A poco no las tienes tú?’, pensando que Anthus tenía a las víctimas, cuando yo no puedo recibir a ninguna si no tengo convenio de colaboración y cuando ni siquiera me avisan”, declaró Wenzel.
Es decir, de las 74 mujeres rescatadas, ninguna recibió un apoyo integral porque las autoridades estatales terminaron el convenio con el único refugio especializado para otorgarle esa facultad a la Comisión Ejecutiva de Víctimas de Puebla (CEAV).
“Puedo decir que la FGE prefiere rescatar secuestrados que víctimas de trata y eso ha sido siempre, y la sencilla razón es que el secuestrado siempre va a saber que lo fue y al llegar a juicio va a cooperar. En el tema de trata la víctima no se percibe como víctima, sigue enamorada del tratante”, explicó Wenzel, cuya A.C. colabora con gobiernos de Tlaxcala e Hidalgo en la reintegración de sobrevivientes de trata.
Según información oficial de la FGE, de 2012 a noviembre de 2020 las autoridades poblanas han rescatado a 436 personas por el delito de trata; del total, 401 son mujeres. Sin embargo, en 2020 sólo se registró la liberación de ocho mujeres, y se desconoce si pertenecían al operativo del 4 de noviembre. Se reiteró que no cuentan con ningún refugio.
Wenzel aseguró que lo más probable en el contexto actual de la pandemia es que la explotación sexual se haya trasladado a casas particulares.
“La autoridad pensó que el ‘quédate en casa’ aplicaba para clientes como para víctimas, y pensó que no habría trata, pero la realidad es que sí hay. Al haber cerrado hoteles y centros nocturnos no quiere decir que acabó la trata, simplemente ahora se lleva a cabo en hogares privados, lo cual hace muchísimo más complicado el tema del rescate. Este año, nada más hemos recibido a dos [en el refugio]”, dijo.
Raquel Medel, subsecretaria de Prevención del Delitoy Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del estado, aseguró que la CEAV y la Secretaría de Igualdad Sustancial serían los encargados de las víctimas.
“Llegan a decir que no son víctimas porque ellas dicen que están ahí por voluntad propia, están, digamos, quizás amenazadas para que las personas que las tienen en explotación no salgan afectadas, tratamos de darle un seguimiento. Igualdad tiene personal especializado para darles la atención”, expresó.
Reconocer la situación
En el caso de María, la mezcla de cariño y terror que le tenía al que era a la vez su novio y proxeneta la mantenía en silencio hasta que ya no soportó más golpizas y violaciones y escapó. Aceptó entrar al refugio por vergüenza de volver a su casa.
“Llegó una abogada, sicóloga, trabajadora social. Yo sabía que pues era, como tal, una prostituta. Yo no sabía que era víctima de algún delito, sabía que era mi culpa y ya”, expresó.
En 2015, cuando dejó de responderle a su familia, la buscaron por desaparición ante la FGE. El tratante la llevó con las autoridades para que afirmara que vivía alejada por voluntad propia, lo que se conoce como consentimiento viciado, que es “cuando la víctima dice: “Yo acepté trabajar ahí”, y se llama así porque muchas veces tras haber sufrido un abuso en la infancia o alguna situación, creen que están decidiendo entrar a trabajar, cuando realmente no tienen ninguna alternativa”, según Wenzel.
María conoció al tratante en una fiesta en Tenancingo, Tlaxcala, donde ambos tienen familia, y un lugar popularmente conocido como cuna de la trata en el país.
Tras cortejarla y convencerla de que abandonara la universidad, María aceptó mudarse a la Ciudad de México con la promesa de vivir en unión libre e ir a la escuela. En cambio, el sujeto la llevó a vivir entre un hotel cerca de la Basílica de Guadalupe y un departamento particular, la aisló, le quitó su celular.
Semanas después, le dijo que irían de viaje, ella, por los letreros, supo que estaba en Acapulco y que al siguiente día debía verse con una mujer.
“La chava ya me estaba esperando, me dijo: ‘¿Sabes a qué vienes?’, y le dije que no y fue cuando me empezó a decir: ‘¿Sabes poner un condón?, ¿qué posiciones te sabes?’ Yo le contesté que por qué me estaba preguntando todo eso y me dijo: ‘Entonces no sabes a qué vienes’. Le dije no y me respondió que iba a trabajar, ‘te vas a acostar con los hombres’. Ahí me solté a llorar”, narró.
María fue obligada a prostituirse afuera de un hotel cercano al zócalo de Acapulco por meses. La comida le estaba condicionada a la ganancia del día. Estaba vigilada por dos mujeres que el mismo sujeto prostituía y por trabajadores del hotel, hasta que la empleada de un negocio cercano, a quien diario saludaba, le prestó su celular para llamar a su casa y decir que jamás volvería
Ese fue el día que María escapó. De vuelta a donde vivía, se bañó y aprovechó un descuido para correr.
Descalza, amoratada y semidesnuda, pidió ayuda por las calles del centro de Acapulco, pero la gente la ignoraba, hasta que casi llegando al malecón, unos taxistas la llevaron con la Policía Federal. “Me subo a la camioneta, me preguntan mi nombre y es lo último que recuerdo”. Desde entonces comenzó el proceso legal que a la fecha no ha detenido al tratante.
María afirmó que fue en el club de cine del refugio donde por primera vez supo que había sido víctima de un delito tras ver la serie La Promesa. Ahí le ofrecieron retomar sus estudios en Derecho y al egresar de la universidad y salir de Anthus, metió sus papeles a la FGE y fue aceptada como agente investigador en delitos graves como homicidio, secuestro y violación
