Hace apenas unos meses, Lucio Pérez salió de la iglesia del oeste de Massachusetts en la que había vivido más de tres años para evitar la deportación.
Las autoridades migratorias concedieron en marzo una suspensión temporal de su proceso de expulsión mientras el guatemalteco, de 40 años, pide que se reconsidere su caso.
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Ahora Pérez espera que un fallo reciente de la Corte Suprema le ayude a despejar ese último obstáculo y conseguir una autorización oficial para quedarse en el país que ha llamado hogar durante más de dos décadas.
“En este momento me siento muy optimista de que todo está en el buen camino”, dijo hace poco desde su casa en Springfield, Massachusetts. “Ya no tengo ese miedo a la deportación. Ahora me siento más seguro”.
Pérez es uno de docenas de inmigrantes que confían en que su deportación se cancele porque las citas judiciales no se les notificaron adecuadamente.
La Corte Suprema concluyó en abril en el caso Niz-Chavez contra Garland que el gobierno federal debe proporcionar en una única notificación toda la información requerida a los inmigrantes que afrontan un proceso de expulsión.
Durante años, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha informado a los inmigrantes sobre sus procesos de deportación en dos partes: un aviso inicial de que comparezcan ante un tribunal y notificaciones posteriores con la fecha, la hora y el lugar de la vista.
Pero el juez Neil Gorsuch, en su opinión mayoritaria, criticó esa estrategia de dividir la información y afirmó que no está amparada por las leyes federales.
La clave, alegó, está en la palabra más breve: una ley migratoria de 1996 indica que el gobierno debe entregar “un” aviso para la citación, lo que implica que el Congreso pretendía que las personas en riesgo de deportación recibieran un único documento.
“Hasta cierto punto, la disputa de hoy puede parecer semántica, centrada en una sola palabra, y una pequeña además”, dijo Gorsuch, un juez conservador nombrado por el expresidente republicano Donald Trump. “Pero las palabras son la forma en que la ley limita el poder”.
Activistas y abogados especializados en inmigración, que se habían quejado durante años por el proceso de notificaciones, señalan que el fallo tiene implicaciones en decenas de casos.
“Es un bombazo”, dijo Jeremy McKinney, un abogado de Carolina del Norte que es presidente electo de la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos.
Podrían pasar meses hasta que se aprecie el impacto real de la decisión en el caso de Niz-Chavez, pero McKinney y otros expertos creen que sin duda añadirá más casos a un sistema judicial migratorio ya sobrecargado.
Como mínimo, la decisión reaviva casos en los que los inmigrantes no fueron informados adecuadamente, nunca se presentaron a sus vistas y finalmente recibieron orden de abandonar el país, señaló.
NRT México, Cobertura Total 360°
