Elementos de Seguridad Pública del Hidalgo, Abasolo y el Carmen, Nuevo León se han dedicado a extorsionar a transportistas de carga, pidiendo “moches” de hasta 15 mil pesos por dejarlos transitar por estos municipios, quienes no lo pagan les retiran la unidad y aplican multas de hasta 70 mil pesos.
El Presidente de Canacar en Monclova, Gerardo Bortoni González denunció que se está viviendo una situación muy delicada en la carretera federal 53 en el tramo de Mina a Escobedo Nuevo León.
Señaló que de enero a la fecha autoridades municipales de Hidalgo, Abasolo y el Carmen se han ido especializando en el robo al autotransporte de carga, extorsionando con cantidades exorbitantes a empresarios transportistas no solo de la región sino de todo el país.
Indicó que los transportistas al pasar por esos municipios son sancionados con multas de hasta 70 mil pesos en áreas, donde no tienen jurisdicción pues es carretera federal, además aseguran unidades y en contubernio con una empresa de grúas cobran altos precios de arrastre.
Aseguró que no existe ningún argumento, pues han detenido a los conductores en la carretera federal, les piden los documentos y piden cantidades de 10 a 15 mil pesos por unidad, aquellas que no lo dan son aseguradas.
“A diario están deteniendo una unidad al menos de la región centro, lo que representa una grave afectación para nosotros, por lo que ya pedimos un alto a esta situación”
Gerardo Bortoni, empresario transportista
Así mismo, Bortoni González comentó que ya hicieron del conocimiento esta situación de los alcaldes de estos municipios, pero no han recibido ninguna respuesta, pues quizá de uno o dos no se enteren, por lo que es imposible que no sepan de esta situación, por lo que podrían estar coludidos.
Dijo que existen al menos 20 transportistas de la región centro los que se han visto afectados por este tipo de conductas ilegales e irregulares que retrasan la transportación de la mercancía y afecta a la economía de los empresarios.
Al no resolverse esta situación decidieron demandar ante las autoridades federales, por lo que están a la espera de una resolución para poder seguir los canales legales adecuados.
