El Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador sugiere varios cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), va desde reducir el salario de los consejeros, eliminar fideicomisos y la destitución de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano.
La propuesta que hoy entregó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López a la Cámara de Diputados establece que las remuneraciones económicas que reciban los integrantes del INE no podrán justificar la excepción de especialización o trabajo técnico calificado para rebasar el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución, es decir, el salario del presidente.
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También establece que, el INE se vería obligado a liquidar y reintegrar en el erario público los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias esto con intención de “proteger los recursos públicos relacionados con el proceso electoral”.
“Los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone”, señala la iniciativa que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), pues se establece modificar la estructura tanto del INE como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
También se establece que una vez aprobadas estas modificaciones en las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, la persona titular de dicho cargo deberá concluir sus funciones una vez publicadas las reformas.
Con ello, se destituiría a Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en ese cargo 14 años y es una de las personas más cercanas al consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova.
En la iniciativa se trata de justificar la eliminación de los fideicomisos y el ajuste a los salarios de los consejeros, pues señala que el INE fue creado para fungir como árbitro en las contiendas electorales, pero terminó siendo controlado por los partidos políticos.
“En más de 30 años de existencia, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democráticas, auténticas, ha convertido a una élite académica en garante de abusos en el uso de gasto público y cómplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tránsito político de México hacia la democracia”, señala dice el documento sobre el INE.
