Respecto a lo sucedido el 28 de diciembre, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos reformas del plan B en materia electoral, que son los cambios a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
El INE y el Poder Legislativo ya declararon a la Corte pues consideran que estas reformas violan el artículo 134 de la Constitución.
“Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, artículo 134.
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Cuyo propósito de estos cambios a la ley, es restringir la propaganda gubernamental a los mensajes definidos como tales y sufragados por las partidas específicas asignadas en el Presupuesto. Los funcionarios públicos pueden hacer difusión de sus logros durante el proceso electoral siempre y cuando no formen parte de una campaña institucional y presupuestada.
De esta manera se anticipa que veremos próximamente una confrontación entre poderes en México, a pesar de no ser el objetivo del Poder Judicial, pero si actúa con rigidez al Ejecutivo para que siga prevaleciendo la democracia, el gobierno federal no se va a quedar con los brazos cruzados y lo va a atacar.
“Así como fue imperativo defender al INE para garantizar elecciones equitativas, lo será el defender la independencia del Poder Judicial para que pueda resolver libremente las impugnaciones que vienen”, así lo explicó el columnista Enrique Quintana.
