La asesora jurídica del municipio, Ariana García, dio a conocer el caso de un regidor, que incumplió sus obligaciones, a pesar de contar con ingresos como servidor público. “Durante los primeros 10 años de vida de la menor no hubo ningún pago de pensión, aun cuando esta persona fue regidor en al menos tres ocasiones, con ingresos superiores a los 30 o 40 mil pesos mensuales”, puntualizó.
Publicidad NRT
Tras revisar el acta de nacimiento de la menor, se determinó que el hecho que dio origen al embarazo no fue consensuado, ya que la madre era menor de edad. “Tenemos plenamente identificado que se trata de un acto sexual no consentido y eso nos da un elemento claro para acreditar una violación”, señaló. Actualmente se analiza la imprescriptibilidad del delito.
TE PODRIA INTERESAR: Jacobo Rodríguez exige expulsión y renuncia de regidor señalado por presunto abuso
Además de la omisión alimentaria, la asesora jurídica destacó que el regidor habría incurrido en actos de coacción y violencia psicológica contra la víctima. Cuando se inició la demanda familiar y aplicados los primeros descuentos alimentarios, el regidor comenzó a enviar mensajes de texto con la intención de intimidarla. Estamos hablando de una violencia psicológica muy clara, buscando hacer sentir mal a la víctima por exigir un derecho que le corresponde a su hija” puntualizó.
Actualmente el proceso se encuentra activo, con un descuento del 20% de los ingresos del agresor destinado a la pensión, determinado por las necesidades de salud de la menor, además de la solicitud de medidas de protección. “El incumplimiento alimentario, sumado a los intentos de coacción, permite ejercer acciones legales adicionales en el ámbito penal”, advirtió.