La diputada Edith Hernández presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud de Coahuila a realizar operativos periódicos en anexos de toda la entidad, ante los casos de violencia, irregularidades y muertes registradas en centros privados para la atención de adicciones.
La propuesta plantea que la Secretaría de Salud trabaje en coordinación con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones de Coahuila y los ayuntamientos, con el objetivo de verificar que estos establecimientos cuenten con permisos, licencias, protocolos de seguridad, diagnósticos, reconocimientos y requisitos establecidos tanto en la legislación federal como en la Ley para la Regulación de los Establecimientos Privados para la Atención de las Adicciones del Estado de Coahuila.
El exhorto surge luego de la muerte de Manuel Neftalí Lira Ruiz, de 41 años, quien falleció en el anexo “Fe, Esperanza y Amor”, ubicado en Monclova. De acuerdo con lo expuesto en el punto de acuerdo, el hombre habría sido torturado dentro del centro y murió presuntamente por asfixia.
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La legisladora advirtió que este caso no puede verse como un hecho aislado, pues existen antecedentes de anexos irregulares o semiclandestinos donde se han documentado castigos corporales, golpes, asfixias, encierros en condiciones precarias, amenazas, privación de alimentos o agua, incomunicación con familiares y privación forzada de la libertad bajo el argumento de supuestas terapias.
Hernández señaló que, aunque estos centros están regulados por la Ley General de Salud y por la legislación estatal vigente desde el 7 de febrero, la realidad demuestra que las muertes violentas y los abusos siguen ocurriendo en Coahuila.
El punto de acuerdo también retoma declaraciones del secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez, quien reconoció que existe un censo de 240 anexos, aunque podrían operar hasta 400 en todo el estado. Además, admitió que muchos funcionan de manera irregular, cambian constantemente de ubicación y algunos ni siquiera cuentan con nombre o registro oficial.
Ante este panorama, la diputada sostuvo que se requieren medidas firmes para prevenir nuevas tragedias, no solo reaccionar cuando ya existe una víctima. Para ello, planteó fortalecer la vigilancia, aplicar sanciones, clausurar establecimientos irregulares y actuar antes de que se repitan casos de abuso, tortura o muerte.
La propuesta insiste en que la atención de adicciones no puede convertirse en un negocio improvisado, sin personal capacitado, sin supervisión y sin respeto a los derechos humanos de los usuarios. De acuerdo con especialistas citados en el planteamiento, la alta demanda de familias que buscan ayuda ha permitido que algunos anexos operen como negocios rápidos, aprovechándose de la desesperación de quienes enfrentan problemas de adicción.
Edith Hernández también subrayó que la coordinación debe incluir a la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, municipios, autoridades sanitarias y organismos especializados en salud mental y adicciones.
Finalmente, destacó que la participación ciudadana será clave para detectar centros clandestinos o abusos dentro de estos lugares, por lo que pidió facilitar denuncias anónimas y seguras que permitan a las autoridades actuar con oportunidad
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