El vocero del Foro de Abogados de Monclova, Miguel Ángel Reyna Adam, denunció públicamente presuntos abusos en cobros cometidos por representantes legales de tiendas de autoservicio. Según el litigante, empresas comerciales exigen pagos excesivos a personas detenidas por robos menores para otorgarles el perdón legal y facilitar su liberación inmediata.
El abogado señaló que existen casos donde, a pesar de que la mercancía fue recuperada intacta, se solicitan cantidades económicas que calificó como injustificadas. De acuerdo con el Código Penal de Coahuila, la reparación del daño debe ser proporcional al objeto del delito, algo que no se está cumpliendo en estos procesos.
Denuncian abusos en cobros de hasta 40 mil pesos
Reyna Adam explicó que recientemente atendió el caso de una mujer detenida en una tienda Soriana. Aunque los objetos fueron recuperados por el personal de seguridad en el estacionamiento, los representantes legales solicitaron pagos que oscilan entre los 18 mil y 40 mil pesos para otorgar el desistimiento. Estos abusos en cobros no corresponden al valor de los artículos, sino a acuerdos impuestos por despachos jurídicos particulares.
El litigante sostuvo que estas prácticas afectan principalmente a personas en condición vulnerable. Consideró que las sanciones deben aplicarse conforme a derecho, pero sin caer en excesos que agraven la situación económica de los ciudadanos acusados de delitos menores.
Cuestionan agravantes en procesos penales
Además de los abusos en cobros, el vocero cuestionó que en algunos procesos penales se agreguen agravantes sin sustento suficiente. Detalló que en diversos reportes se afirma que los acusados portaban armas o machetes, aun cuando dichos objetos no fueron utilizados durante los hechos, con el fin de impedir que recuperen su libertad.
Finalmente, el representante del Foro de Abogados de Monclova hizo un llamado a las autoridades judiciales para aplicar criterios más humanos y objetivos. Reiteró que la justicia debe ser proporcional y evitar que los abusos en cobros se conviertan en una barrera para el debido proceso de los imputados.