La nueva iniciativa de reforma constitucional en materia judicial plantea ajustes de fondo al modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros aprobado en 2024, con el objetivo de corregir fallas detectadas en el proceso electoral judicial de 2025 y homologar las reglas que deberán seguir tanto el Poder Judicial de la Federación como los poderes judiciales locales.
De acuerdo con el análisis del magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Mery Ayup, la propuesta no elimina la elección popular de personas juzgadoras; por el contrario, busca consolidarla mediante cambios en el calendario electoral, en la selección de candidaturas, en el diseño de boletas, en la paridad de género, en la evaluación de desempeño y en la capacitación permanente de quienes resulten electos.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es mover la siguiente elección judicial de 2027 a 2028. La propuesta establece que los cargos de personas juzgadoras federales y locales que no fueron renovados en la elección judicial de 2025 se elijan, sin excepción, el primer domingo de junio de 2028. Con ello se busca evitar complicaciones logísticas, permitir ajustes técnicos y normativos, y hacer coincidir las elecciones judiciales federales y locales en una misma fecha.
El planteamiento también contempla que las personas juzgadoras que concluirían su encargo en 2027 permanezcan en funciones hasta 2028, concluyendo su periodo cuando tomen protesta quienes resulten electos en la nueva jornada judicial. Este punto representa una ampliación temporal de funciones para evitar vacíos institucionales en juzgados y tribunales.
Otro cambio relevante se encuentra en los Comités de Evaluación. La iniciativa propone que cada comité elija una coordinación y que las coordinaciones de los tres comités integren una Comisión Coordinadora. Esta instancia tendría facultades para verificar requisitos constitucionales y legales, establecer criterios homologados, diseñar exámenes de conocimientos y ordenar los trabajos de selección.
Además, se plantea reducir de manera importante el número de candidaturas. Los Comités de Evaluación seleccionarían a las cuatro personas mejor evaluadas por cargo y, posteriormente, mediante insaculación pública, el listado se ajustaría a dos personas por cargo. La finalidad es simplificar el voto ciudadano y evitar boletas saturadas que dificulten una elección informada.
La reforma también busca garantizar la paridad de género desde la integración de los listados y no solamente al momento de asignar cargos después de la jornada electoral. Esto obligaría a observar criterios paritarios en las personas que pasan a insaculación y en las propuestas finales.
En el caso de magistraturas de circuito y juzgados de distrito, la elección se organizaría por circuito y distrito judicial. El Instituto Nacional Electoral dividiría cada circuito en los distritos necesarios para que la ciudadanía pueda votar por una candidatura de cada especialidad. Las boletas deberán distinguir el poder postulante, la especialidad correspondiente y si se trata de personas juzgadoras en funciones.
Uno de los apartados de mayor impacto es el relativo a los poderes judiciales locales. La iniciativa busca endurecer la regla para que las entidades federativas se sujeten a las mismas bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, requisitos y modalidades previstas para el Poder Judicial de la Federación, en todo lo que resulte aplicable.
Esto reduce el margen de libertad de los estados para diseñar sus propios procesos judiciales, pues deberán replicar el modelo federal en lo esencial. Las legislaturas estatales tendrían 60 días naturales, a partir de la entrada en vigor del decreto, para adecuar sus constituciones y leyes locales.
La propuesta también incorpora evaluación durante el primer año de ejercicio de las personas juzgadoras electas, programas de capacitación y actualización permanente, así como la obligación de renunciar de manera expresa e irrevocable para quienes aspiren a otro cargo judicial distinto al que ya ocupan.
En conjunto, la iniciativa busca ordenar y compactar el modelo de elección judicial, pero también abre un debate relevante sobre la autonomía de los poderes judiciales locales y la capacidad de los estados para adaptar sus procesos a sus propias realidades institucionales.dades institucionales.
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