El encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR, actualmente conocida como Fiscalía General de la República), durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán, presentó una denuncia de amparo contra la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Esto fue realizado el pasado 18 de agosto cuando, luego de que la SFP presentará un proceso en su contra por inconsistencias en su situación patrimonial, ya que no incluyó en su declaración la cuenta bancaria que ocupaba para financiar viáticos y gastos, el ex encargado respondiera.
Sin embargo, al momento dicha demanda no ha sido aclarada del todo, por lo que el juez del juzgado segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le dio tan solo cinco días para presentarse nuevamente y esclarecer su petición.
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Uno de los principales argumentos por los cuales Elías Beltrán solicitó el amparo fue que la autoridad correspondiente aún no se ha dado el tiempo de examinar las “causas de improcedencia” del procedimiento administrativo anteriormente mencionado.
De igual forma, el ex funcionario federal denunció que el responsable de dicha omisión fue el director de Verificación Patrimonial B, adscrito a la Dirección General Adjunta de Verificación de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP.
Fue desde el 2019 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Elías Beltrán por el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, esto debido a movimientos que tanto él como su esposa, Marcela Kuchle López realizaron en 2016.
Según Santiago Nieto, que ahora encabeza la UIF, el despacho de Kuchle López recibió, desde junio de 2016 hasta inicios del año 2020, 98,008,000 pesos. Pero lo más sospechoso es que un tercio de esa cantidad (31,000,000 de pesos) lo recibió de CL Abogados, firma para la que trabajó la esposa del ex funcionario y donde cobró entre 2015 y 2016, 11,095,000 de pesos por concepto de servicios, pese a que no tiene cuenta con el registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública, según un informe de la revista Proceso.
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