La audiencia intermediaria de Rosario Robles, ex titular de SEDESOL fue programado por un juez federal para el próximo 26 de octubre; será en esta fecha cuando la Fiscalía General de la República (FGR) exponga la acusación que, como órgano, presentaron en su contra así como las pruebas que tiene para enjuiciarla por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el conocido caso de la ‘Estafa Maestra’.
Fuentes judiciales informaron que será en este día cuando el juez decidirá si el caso se enviará a un tribunal de enjuiciamiento para procesar las pruebas y, eventualmente, dictarle una sentencia a la acusada.
Durante este proceso, la defensa de la antigua dirigente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) también tendrá su oportunidad para exponer las evidencias que tienen para desacreditar la acusación de la FGR en contra de ella.
Dicha denuncia fue interpuesta el pasado martes 25 de agosto y, aunque hasta el momento los abogados de Robles no han respondido, tienen aún ocho días para hacerlo.
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Anexada la petición, la Fiscalía solicitó que se le impusiera una condena de 21 años de prisión a la ex funcionaria pública, así como que pague 5 mil 73 millones 846.25 pesos por reparación del daño, ya que mientras ocupaba la dirección de la SEDESOL y de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), no evito que sus subalternos desviaran una gran cantidad de dinero.
Tal cantidad fue la calculada por la FGR como el daño patrimonial que Robles generó con la Estafa Maestra; acusación que se prevé sea sustentada por el testimonio de 56 exfuncionarios públicos que trabajaron con Robles durante su dirección en SEDESOL, SEDATU, así como en la ASF y la Policía Federal Ministerial (PFM).
Asimismo, la FGR ofreció una pericial en contaduría, 231 documentales y discos con material “para apoyo audiovisual”, sin precisar si se trata de videos, audios, presentaciones, esquemas.
Solicitó que Robles sea condenada al pago de 450 días multa que calculó en 3 millones 561 mil 300 pesos al multiplicar 7 mil 914 pesos que, según lo señalado por la FGR, es lo que ganaba la ex funcionaria por día durante el tiempo que permaneció al frente de SEDESOL y SEDATU y que acusó que corresponde al periodo en que supuestamente cometió el delito.
“Hasta el momento las partes no hemos tenido un acercamiento para los efectos de alguna propuesta para los efectos de la aplicación de alguna forma de terminación anticipada (procedimiento abreviado), sin embargo, nos encontramos en la mejor disposición de conversar con nuestra contraparte y la asesoría jurídica de la parte ofendida (Auditoría Superior de la Federación) y de haberla se lo haremos saber oportunamente”, señaló la FGR en el documento presentado este martes.
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