Eleazar Rubio Aldarán, diputado de MORENA, presentó este miércoles ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reformar los artículos 214 y 215 del Código Penal esto para que se establezca un castigo por difamación contra los medios de comunicación, esto influye también a los periodistas que investigan delitos, pide que se limiten a lo que las autoridades revelan de manera oficial.
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Aladarán pide que se regule el daño al patrimonio moral derivado del abuso de derecho de la información y de la libertad de expresión, además de garantizar los derechos de la personalidad, tal es el caso de la vida, el honor y la propia imagen de las personas.
La difamación fue anulada como delito desde el 2006, dentro de la petición uno de los puntos el funcionario pidió que se castigue con cinco años de prisión y una multa de 86 mil pesos a quienes difundan fake news.
La propuesta establece que los medios de comunicación en la actualidad son muy importantes, pero son utilizados para vulnerar garantías individuales consagradas en la Constitución.
En su iniciativa, Rubio Aldarán señala: “se propone que comete delito de difamación, quien de manera deliberada y con el propósito de dañar a una persona, comunique un hecho falso, a una o más personas de forma verbal o por cualquier medio de comunicación y, esto le cause o pueda causar a la víctima u ofendida una afectación en su dignidad, honor o reputación, imponiéndole una pena de dos a cinco años y de seiscientas a mil unidades de medida y actualización”.
Se mostró a favor de que los periodistas no indaguen crímenes, sino limitarse a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales.
Insistió que los representantes de los medios de comunicación no tienen por qué efectuar diligencias para resolver una carpeta investigación.
Y sentenció: “su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta investigación, sino que su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz”.
Dijo que se reconoce el derecho a la información y las libertades de expresión como base de la democracia instaurada en el sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que tiene como presupuesto fundamental la defensa de los derechos de personalidad de los mexicanos.
Expuso que el fin de la reforma no es restringir a los ciudadanos, incluidos los periodistas, sino de proteger y garantizar los derechos, no los de unos cuantos.
Fundamentó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) define la desinformación como cualquier información que es falsa y deliberadamente creada para dañar a una persona, grupo social, organización o Estado.
Insistió en los periodistas no deben realizar investigaciones por su cuenta sobre hechos delictivos, por lo que es importante volver a crear la pena de difamación en la capital del país.
Aludió que el trabajo de los comunicadores debe ser replicar lo que las autoridades encuentren derivado de sus investigaciones. “Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación y la información debe ser veraz”.
Aclaró que ello no significa que se les coarte el derecho de informar, sino que deben ser cautelosos con lo que se comunica para que no le favorezca al imputado y sirva para enterarse que ya están cerca del él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia.