Aprueban en Cámara de Diputados retirar el fuero presidencial: petición pasa al Senado

La tarde del miércoles 02 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó el formato con el que se busca recabar firmas para definir si los ex presidentes recién acusados de corrupción y otros delitos más podrán ser enjuiciados o no.

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Fue el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien en carácter de ciudadano presentó el martes 01 de septiembre ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Aviso de Intención de Consulta Popular; documento con el cual se buscaba dar el poder al pueblo de México de decidir si los ex presidentes de 1988 a 2018 tendrían que ser sometidos a una investigación y enjuiciamiento por

A su vez, la Mesa Directiva emitió el formato pero por protocolos tuvo que ser enviado primeramente al INE (Instituto Nacional Electoral) para que se avalará previamente y una vez que esto sucedió fue devuelto a San Lázaro y aprobado por el pleno.

El formato contiene los espacios para el llenado con el tema de trascendencia nacional planteado: la propuesta de pregunta, el número de folio de cada hoja, el nombre, firma, clave del elector o número de credencial de elector de la credencial para votar y la fecha de expedición de la misma.

Mario Delgado había expuesto su compromiso por recabar no solamente el millón 800 mil firmas ciudadanas que se les piden para poder aprobar su propuesta, sino recabar en realidad 2 millones de firmas “para que no haya problemas”.

Esto deberá de realizarse antes del 15 de septiembre para que el proceso pueda llevarse a cabo la encuesta durante el primer domingo de agosto del próximo año, puesto que primeramente tiene que finalizar el proceso electoral del 2021.

El propósito de la consulta, manifestó Delgado Carrillo, es dar a los ciudadanos la posibilidad de decidir si las personas que han ocupado el cargo de presidente de la República deben ser sujetos de investigación y enjuiciamiento por actos de corrupción y otros ilícitos en el ejercicio de sus funciones, como una forma de garantizar el conocimiento de la verdad y la aplicación de la justicia.

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