La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia en Coahuila (PRONNIF) intervendrá en el caso del menor con capacidades diferentes que fue utilizado por su madre para realizar campañas de extorsión contra comerciantes de Parras de la Fuente.
Tras hacerse públicos unos videos en donde una mujer reclama por la instalación de una escalera metálica sobre la banqueta de una calle, en donde muestra como su menor hijo corre graves riesgos “al ir a la tienda”, (cuando no puede valerse por sí mismo) e inesperadamente cae al pisar un bache, pudiendo provocarse lesiones, la PRONNIF estatal decidió tomar cartas en el asunto toda vez que la PRONNIF municipal no posee información sobre el caso, pues aseguran algunos parrenses, está bajo las órdenes de las autoridades municipales.
Los vídeos presentados a un medio de comunicación de la localidad muestran claramente como el ataque contra los propietarios de una tienda de abarrotes, que se niegan a pagar cuota de extorsión al alcalde Ramiro Pérez, fue orquestado por la mente tortuosa del edil y su director de Obras Públicas, Héctor García. Se puede observar empleados del municipio y algunos reporteros llegar al lugar al mismo tiempo que la mujer que “prestó” a su hijo para denunciar los abusos de los comerciantes.
Sin embargo, nunca pensaron que todas sus acciones fueron grabadas desde una cámara de seguridad en donde se puede apreciar la llegada de la “demandante” acompañada de su hijo y otros dos adultos, uno de ellos una mujer empleada de comunicación del municipio de Parras.
Diez segundos después aparecen representantes de algunos medios locales que de inmediato empiezan a grabar las declaraciones de la “furiosa madre” que resultó ser una persona contratada para utilizar a su hijo minusválido para presionar a la familia Fraga, propietaria de la tienda de abarrotes.
Ahora, la PRONNIF estatal hace un llamado a los parrenses para que proporcionen información que lleven a dar con el paradero de la mujer del video que deberá responder por haber “rentado” a su hijo incapacitado para cometer hechos irregulares, poniendo en riesgo su integridad física en razón a que, de acuerdo a las disposiciones del gobierno y de la Secretaría de Salud, es un sector de la población que debe estar protegido en sus domicilios.
CON INFORMACIÓN DE EL DEMÓCRATA.
