Fue ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el Gobierno de México presumió que todos sus habitantes tienen el acceso al agua de forma basta y suficiente.
De igual forma, se opuso a lo expuesto por el Relator Especial de la ONU, Léo Heller, quien habló sobre procedimientos y estrategias para que se accediera más fácilmente al agua potable en este papel, catalogando como que no eran “jurídicamente vinculantes”.
Heller presentó ante el Consejo de Derechos Humanos que, de acuerdo a un informe de seguimiento realizado en México durante el 2017, ya que declaró que hasta el momento el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado pocos avances en el tema y, si los han hecho, no han proporcionado la información requerida.
Al responder a su informe la misión de México presumió avances, descartando las observaciones hechas por el experto.
“En México, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, afirmó la ministra para derechos humanos de la misión de México Érika Martínez.
“México colabora con los mecanismos del sistema de derechos humanos para fortalecer el disfrute de los derechos humanos en el país. Es por ello que recibimos y valoramos en sus méritos todas las recomendaciones, mismas que no son jurídicamente vinculantes”, reviró.
En el informe Heller advierte que el país ha dado una atención nula a sus recomendaciones y pide al gobierno de la 4T actualizar las normas de calidad del agua potable y ejercer una vigilancia más estricta de la calidad del líquido vital orientada a la protección de la salud.
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Luego de su visita celebrada del 2 al 12 de mayo de 2017, Heller pidió entre otras cosas “asegurar los derechos de todas las personas y grupos a protestar libremente por cuestiones relativas a sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención, y garantizar su seguridad y su protección con arreglo a la ley y en la práctica”.
En el documento el experto lamenta que “el Gobierno (de la 4T) no ha proporcionado información sobre medidas concretas para garantizar el derecho a la protesta por cuestiones relativas a los derechos al agua y el saneamiento”.
“El derecho a la protesta, aunque consagrado en la Constitución, no está plenamente garantizado en la práctica. Los y las defensores de derechos ambientales y humanos, incluidos los de agua y saneamiento, son objeto de ataques, agresiones, persecuciones e incluso encarcelamiento”, acusa Heller.
“El Relator Especial urge al Gobierno a adoptar medidas concretas para asegurar que las personas puedan manifestarse libremente por cuestiones relativas de sus derechos al agua y el saneamiento, sin temor a ser víctimas de hostigamiento o detención”, remarca el informe.
De igual forma, Heller instó al gobierno a “fortalecer la capacidad de acceso de todas las personas afectadas a remedios por vulneraciones de los derechos humanos al agua y el saneamiento, incluidas medidas para prevenir su repetición, mediante mecanismos judiciales y procedimientos no judiciales de reclamación que sean accesibles, transparentes y sujetos a rendición de cuentas”.
Y, a ese respecto, “velar por que la información sobre esos mecanismos esté a disposición de todos y, de ser necesario, se proporcione asistencia jurídica o de otro tipo”, añade el experto.
Heller lamenta que el gobierno de Palacio Nacional “no ha informado de medidas que fortalezcan el acceso a remedios, judiciales o no, de personas afectadas por vulneraciones de los derechos al agua y el saneamiento”.
Por su parte la representante de México dijo ante el pleno que “actualmente, se discuten en el Congreso de la Unión diversas iniciativas de Ley que buscan asegurar el respeto de este derecho. El Programa Nacional Hídrico 2020-2024 y las Reglas Operativas 2020 de la Comisión Nacional del Agua, impulsan el acceso al agua y al saneamiento’’.
Martínez indicó al Relator que “se trabaja en reforzar los organismos operadores de agua y saneamiento, para abatir el rezago en el acceso al agua potable en las zonas rurales, cuestión particularmente relevante en el actual contexto”.
“Toda valoración sobre la implementación de recomendaciones debe tener en cuenta dicha naturaleza, basarse en metodologías objetivas, y privilegiar un enfoque constructivo y de cooperación, que contribuya a sentar bases sólidas que impulsen su cumplimiento”, remató la representante de la 4T.
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