Pese a que recientemente se le había acusado no solamente de corrupción política sino también de haberse vinculado con la trata de personas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UFI) liberó el pasado lunes 21 de septiembre 800 millones de pesos de cuentas congeladas a la empresario Kamel Nacif Borge.
Esto se dio a conocer por parte del titular de la UFI, Santiago Nieto, quien precisó que la decisión de liberar esta y otras 187 cuentas congeladas fue por el concepto de jurisprudencia, el cual fue propuesto por el ex ministro Eduardo Medina Mora.
El boqueo de cuentas –según la jurisprudencia– solo es válido si se trata de una petición internacional o supranacional y no de una investigación local.
No obstante, Nieto informó que ya se intenta revertir este criterio “ante distintos tribunales colegiados de circuito que soliciten la facultad de atracción a la Suprema Corte, a efecto de que pueda volver a revisarse el criterio”.
“Medina Mora en 2016 tenía un criterio completamente opuesto, en donde señalaba la constitucionalidad absoluta del precepto. Para 2018, que cambia el gobierno, cambia su criterio, y tenemos el resultado que ustedes conocen”, indicó Nieto.
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A pesar de que existe una solicitud internacional contra Nacif Borge, la cual señala que se “valore la posibilidad de bloquear cuentas”, en términos fácticos permite la liberación de las cuentas de Nacif.
“Creo que hay que llamar la atención poderosamente en este hecho, porque esa interpretación de que la solicitud internacional diga expresamente que se bloqueen las cuentas, sería tanto como supeditar a la Unidad de Inteligencia Financiera, a una instancia internacional o a una instancia extranjera”, agregó.
Santiago Nieto dio a conocer que por lo pronto ya se exhortó a la Suprema Corte para que revise este criterio de jurisprudencia.
Asimismo, se presentó quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal por las interpretaciones “ultra gramaticales de los juzgadores”, ya que –dijo– “ponen en juego” al sistema financiero mexicano.
El llamado “Rey de la Mezclilla” tiene una orden de aprehensión en México, luego que en 2019 la magistrada María Elena Suárez ordenó la detención del empresario y el exgobernador de Puebla, Mario Marín, también conocido como “El Gober Precioso”.
