Pese a que durante muchos años los propietarios de las diferentes playas de México se han sentido con la libertad de restringir o a privatizar el acceso a ciertas áreas especificas con la finalidad de beneficiarse económicamente, esto ya no podrá suceder.
De forma legal, el Senado de la República ha regresado a los mexicanos la posibilidad de acceder a cualquiera de las playas del país de forma libre.
De forma unánime, el día de ayer se aprobó una minuta en la que se garantiza el libre acceso a las playas mexicanas, esto gracias a diversas adiciones que realizaron a la Ley General de Bienes Nacional.
En el proyecto validado por los 107 senadores, se dispuso que el acceso a las playas marítimas y a la zona mexicana marítimo terrestre contiguo a ellas no podrá ser restringido, negado o condicionado, salvo en casos que así se establezcan por reglamento.
Y en el caso de que no existan vías públicas o accesos desde la vía pública, los propietarios de terrenos colindantes deberán permitir el libre tránsito, a través de los accesos que convenga con ellos la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La minuta establece sanción de entre tres mil y hasta 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a dichos propietarios o a titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino sobre el aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que impidan el acceso a dicha zona, así como a las playas.
En caso de reincidencia, además de la sanción señalada, se revocará la concesión, autorización o permiso, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley General de Bienes Nacionales.
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La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, subrayó que “las playas mexicanas son constitucional y legalmente públicas, por lo que deben existir caminos para que todo visitante, nacional o extranjero, que desee disfrutarlas pueda hacerlo”.
Destacó que la restricción a las playas que realizan los propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, representa un acto de discriminación a los ciudadanos, pues asumen como propia una franja que no está en el comercio y cuyo dominio corresponde a la nación.
Samuel Alejandro García Sepúlveda, presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, dijo que “éste es un derecho humano, por lo que no se puede restringir su acceso, uso, goce o disfrute”.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, señaló que el proyecto responde a los evidentes atropellos en que incurren algunos propietarios de predios colindantes a la zona federal marítimo terrestre, así como algunos concesionarios y permisionarios que, por medios extralegales, establecen restricciones físicas para limitar el acceso a las playas.
En tanto, el senador José Luis Pech Várguez aseguró que con la reforma el Estado garantizará “la servidumbre de paso a toda la ciudadanía”, a fin de que se pueda entrar y disfrutar de las playas y a las zonas federales marítimas terrestres y, en caso contrario, se contemplan sanciones para los particulares o todos aquellos que impidan el ejercicio de este derecho.
La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros afirmó que el dictamen eliminará las prácticas discriminatorias que impiden a las y los mexicanos el uso y disfrute de las playas del país; “sin revisiones, sin explicaciones, sin tener que convencer a alguien, todos podrán ejercer el derecho a transitar libremente por ellas para su esparcimiento”.
El proyecto recibió 107 votos a favor y se envío al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
