Los mandatarios estatales que integran la Alianza Federalista, exigieron a la Cámara de Diputados que pongan un alto a la desaparición de los 109 fideicomisos, donde el gobierno Federal pretende obtener 68 mil millones de pesos, dinero que será utilizado para combatir el COVID-19.
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En un comunicado, los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco; de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Jalisco, Enrique Alfaro; de Colima, Ignacio Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles; de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Durango, José Rosas Aispuro; y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca pidieron a la ciudadanía “presionar” a sus representantes para que hagan lo correcto. “Necesitamos poner un alto al desmantelamiento del Estado mexicano antes de que sea imposible reconstruirlo”, dijeron los gobernadores.
Recordaron que este jueves, se anunció la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el dictamen de la iniciativa que pretende cancelar 109 fondos y fideicomisos públicos bajo el argumento de que han operado en opacidad; sin embargo, su desaparición no ofrece una alternativa eficaz o transparente para atender a la población que quedará desamparada por esta decisión.
“Entre ellos hay que recordar que se encuentran los fondos de alivio a desastres naturales y los recursos para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos. Se encuentra también el presupuesto de los centros de investigación que configuran la memoria histórica y la apuesta científica del país, así como el apoyo al cine y la cultura”, dijeron.
Los mandatarios estatales declararon que la operación de los 109 fideicomisos han sido un plus para el desarrollo de México, no sólo en momentos de crisis, sino también para fortalecer los sectores artísticos, científicos, salud y educación.
“La Alianza Federalista apoya una mayor exigencia en su gestión honrada y en la transparencia en el ejercicio de sus recursos y resultados, pero se opone categóricamente a su desaparición. Lejos de ser una solución, esa decisión sólo va a poner en riesgo la vida y el sustento de miles de mexicanas y mexicanos”, explicaron.
Además, dijeron que la decisión aprobada por las y los diputados oficialistas y sus aliados en el Congreso, “no puede entenderse más que como una muestra más de la voluntad de concentrar las decisiones presupuestales bajo un manto de discrecionalidad. El monto no asciende siquiera al 10% de las pérdidas registradas en PEMEX y CFE este año, por lo que no resuelve una necesidad presupuestal. Es una decisión política y debe cuestionarse como tal”.
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