Héctor Nájera, investigador asociado al Programa Universitario de Desarrollo de la UNAM, estimó que el número de personas en pobreza extrema por ingresos en México había ascendiendo a 33 millones en junio de 2020 consecuencia de la pandemia por COVID-19, en comparación con 2018 cuando ascendieron a 21 millones.
Este repunte se debió a las políticas de confinamiento que tomó al país, qué derivó en una caída de los ingresos de las personas, expuso el académico durante la mesa redonda “Pobreza alimentaria, ¿el verdadero efecto de la pandemia en México?”, organizada por la Fundación Asea.
Aunque todavía no se tiene la estimación para julio y agosto, los investigadores esperan una reducción de la pobreza extrema ante la reactivación económica. Sin embargo, la verdadera cifra se dará a conocer en 2021 cuando el Coneval publique los resultados de pobreza en el país.
La pobreza extrema por ingresos implica pobreza fundamentalmente alimentaria, lo que no necesariamente significa desnutrición sino malnutrición, precisó Nájera.
De acuerdo a Lina Pohl, representante de la FAO en México, declaro que en los últimos cinco años la hambruna en el mundo ha aumentado sus números. En 2019, se calculó que 690 millones de personas en mundo no tenía para comer; es decir, no tenían suficiente consumo de calorías para llevar una vida saludable. En comparación en 2018, está cifra representa 10 millones más y 60 millones más que hace cinco años.
De acuerdo con estimaciones de la FAO, el Covid-19 podría provocar, a finales de 2020, un aumentó de 130 millones en el número de personas afectadas por el hambre crónica en todo el mundo.
El hambre en América Latina afectó a 47.7 millones de personas en 2019 y se prevé que para 2030 llegue a 67 millones de personas, cerca de 20 millones más que en 2019. Esto, sin considerar el impacto del Covid-19.
En este sentido, Lina Pohl advirtió que es necesario transformar los sistemas alimentarios con miras a reducir el costo de los alimentos nuitritivos y aumentar la asequibilidad de las dietas saludables.
Además de invertir a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos, en el entorno alimentario y en la economía política que conforman las políticas comerciales, de gasto público e inversión. Así como reducir los factores que aumentan los costos de producción, el almacenamiento, el transporte, la distribución y comercialización de los alimentos, agregó la especialista.
