Debido a que todas las pruebas recabadas por la DEA en contra del general Salvador Cienfuegos fueron obtenidas de forma ilegal, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que comenzar nuevas investigaciones y encontrar evidencia suficiente y nueva para poder presentar en el juicio que se viene.
De acuerdo a Ignacio Morales Lechuga, ex procurador General de la República, los “miles” de mensajes que la DEA interceptó y presentó como prueba de que el ex secretario de la Defensa Nacional estaba relacionado con el crimen organizado, se lograron recabar de forma ilegal, violando así la la legislación bajo la que se rige México.
“Las pruebas fueron obtenidas, a la luz de nuestro Derecho, de manera ilícita, porque no se solicitó autorización judicial ni tampoco se activó el acuerdo de cooperación judicial o el de validación de pruebas”, dijo.
Para el abogado constitucionalista, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suplantó a las autoridades policiales mexicanas y al Ministerio Público, que son los únicos órganos competentes, desde el punto de vista constitucional, para investigar delitos en territorio nacional.
“En consecuencia, esas pruebas, obtenidas de esa manera, deberán, a mi juicio, ser desechadas. Y como ellos lo reconocen, las conductas fueron realizadas en México y esa suplantación no se puede pasar por alto ni permitir constitucionalmente”, refirió el experto.
Morales Lechuga señaló que Cienfuegos Zepeda fue acusado por actos en el desempeño de su encargo como secretario de la Defensa Nacional (2012-2018), por lo que, dijo, deber ser juzgado por el fuero militar.
“Los delitos que se cometen por parte de militares, que no sean contra civiles, a mi juicio deben ser investigados por la procuraduría de Justicia Militar y resueltos por el Tribunal de Justicia Militar, aplicando el Código de Justicia Militar, según el artículo 13 constitucional”, comentó. Por lo tanto, afirmó que el exjefe militar debe ser puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una vez que sea retornado a México por las autoridades de Estados Unidos.
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El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., Alberto Woolrich Ortiz, explicó que si los delitos de narcotráfico y lavado de dinero de los que se acusa a Cienfuegos Zepeda se cometieron en México, se pueden investigar y judicializar en nuestro país, pero, dijo, se requerirá que las pruebas que haya aportado Estados Unidos a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General, se convaliden y se demuestre la veracidad de las mismas.
“Si está demostrada la veracidad y ya no hay más investigación que hacer, entonces [las pruebas aportadas por la DEA] sí se pueden someter a la consideración de un juez de Control para saber si va a librar un pedido de restricción de libertad contra el general”, indicó.
De lo contrario, comentó el litigante, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, tendría que exponer otro tipo de evidencias para que tengan un sostén y no se pueda caer la etapa de la imputación o del juicio ante el juez de Control.
El especialista en Derecho Militar César Gutiérrez Priego dijo que los jueces mexicanos no darán validez a la investigación de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, porque no se realizó en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
Y añadió: “Yo creo que lo que va a pasar es que el general Salvador Cienfuegos Zepeda va a venir a México y las imputaciones que le hagan van a carecer de valor probatorio, el señor va a terminar exonerado”.
A su vez, el abogado Juan Velázquez señaló que Cienfuegos estará en manos de la FGR y dependerá de esta institución si el exjefe militar es detenido para ser procesado.
“Regresará Cienfuegos con los datos que la FGR tenga (…) y en todo caso llevarlo a un juicio y si lo llevan a éste, para que a lo mejor estuviera privado de la libertad en una prisión militar y enjuiciado por las autoridades civiles”, comentó.
