El Congreso Local determinó como delito grave la difusión de contenido sexual en redes sociales, ya sea este en video o fotografía; se espera un castigo de hasta 14 años de prisión y multas de hasta 900 unidades de medida.
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Lo anterior, gracias a la reforma a la Fracción I del Artículo 195 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, para sancionar como delito de pornografía infantil a quien utilice medios digitales y /o redes sociales para que una persona menor de edad realice actos sexuales o de exhibicionismo corporal de índole sexual.
A nivel nacional, hasta 25% de las y los adolescentes entre 12 y 17 años experimentado alguna forma de ciberacoso mediante el envío de spam o virus, videos o imágenes con contenidos sexuales o agresivos, así como mensajes con insultos, amenazas, intimidación o cuestiones incómodas.
En Oaxaca, la Fiscalía de Delitos cometidos contra la Mujer por Razón de Género señala que el abuso sexual es el delito que más se comete contra menores de edad.
Al respecto, legisladores explican que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UnIcef), los avances y penetración de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), desafortunadamente también plantean nuevos riesgos y canales para la comisión de violencia.
El pasado 27 de enero, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) dos denuncias de hechos por actos presuntamente constitutivos de los delitos de trata de personas y pornografía infantil.
Los hechos denunciados se derivan de una reunión sostenida con las y los 32 Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de México, quienes aseguraron tener conocimiento de que en sus estados existen redes de trata de personas.
De manera específica, los titulares de las PPNNA de Oaxaca, Nayarit, Nuevo León y Campeche detallaron cómo participaron, en diferentes momentos, junto con las Procuradurías de Justicia locales en la detección, rescate y resguardo de algunas víctimas de los tratantes, muchos de ellas originarias de municipios indígenas del estado de Chiapas y de la región Mixteca de Oaxaca, explicó la procuraduría en un comunicado.