En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 consta que el organismo realizó siete auditorías al Tren Maya, en las que tras revisar el ejercicio de más de casi mil 100 millones de pesos, concluye, entre otros puntos, que se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos, relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos.
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En las auditorías, la ASF recomienda al Fonatur que valore la reposición de la consulta indígena y que defina una estrategia con el propósito de garantizar que el proyecto sea rentable.
Para el organismo fiscalizador, en 2019 el Fonatur careció de estudios para determinar la factibilidad social del proyecto debido a que no dispuso del trazo definitivo del Tren Maya, ni de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de su ruta.
Para la ASF, de continuar las modificaciones en el diseño del proyecto –como cambios de en la ruta del tren– o de generarse retrasos en la construcción, “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto”.