La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió no entrar al estudio del fondo de la Controversia Constitucional promovida por el Congreso del Estado de Tamaulipas contra la Cámara de Diputados, sobre el procedimiento de desafuero del Gobernador de Tamaulipas.
Esta decisión se dio a conocer tras considerar que no existía conflicto competencial entre ambas partes, sino que deberá prevalecer.
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“En suma, el congreso del Estado de Tamaulipas, en ejercicio de sus atribuciones, tal y como dispone el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, decidió no homologar la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que estima que la determinación impugnada no afecta materialemte la decisión tomada por el propio Poder Legislativo de la entidad federativa. Ello es así, sobre todo, considerando que el propio Poder actor argumenta no impugnar la dedicatoria de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, sino únicamente los efectos supuestamente pretendidos por la misma, que ya se señaló no se desprenden de esta.
Esto es, el Poder Legislativo local en acatamiento del artículo 111 constitucional, en ejercicio pleno de su autonomía, procedió como consideró que correspondía. Decidió no reiterar ‘la protección o inmunidad procesal penal’ al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de un delito federal. Por el momento, determinó que no se pusiera a disposición de las autoridades federales al titular del Poder Ejecutivo local”.
Lo antes mencionado indica que el gobernador de Tamaulipas no ha sido separado de su cargo, y que también continúa manteniendo su protección constitucional que le brinda la constitución federal y local y no ministerial.
También se señala que ninguna autoridad ministerial o judicial puede generar actos de molestia o privativos en contra del gobernador, que puedan obstruir el desarrollo de sus facultadas constitucionales, según el documento.
Además se dejó en claro que el Congreso de Tamaulipas actuó conforme a sus competencias, de ahí que se reconociera el fuero del gobernador.
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