La suscrita Diputada Tania Vanessa Flores Guerra, del Grupo Parlamentario “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad Democrática de Coahuila, permito someter a la consideración de la Diputación Permanente, la presente Proposición Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que vigilen y, de ser el caso, sancionen a las instituciones educativas públicas del estado que cobren y condicionen las cuotas de inscripción, de recuperación y/o mantenimiento a cambio de que los alumnos puedan acceder a la educación, solicitando sea considerada de urgente y obvia resolución con base en la siguiente:
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de todo mexicano a la educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, laica y gratuita.
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Este precepto constitucional, en su párrafo primero, señala:
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
…”
Asimismo, el artículo 7, fracción IV, incisos a) y b) de la Ley General de Educación, manifiesta claramente que la educación será además de obligatoria; gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado por lo que prohíbe cualquier tipo de contra prestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado, así como no se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los alumnos al pago de contraprestación alguna.
También el artículo 6 de la Ley Estatal de Educación, vigente en Coahuila, impone que los servicios educativos serán gratuitos, y que quedará prohibido el pago de contraprestación alguna que impida o condicione la educación a los alumnos.
A pesar de que en nuestras leyes tanto federales como locales, existe la prohibición de solicitar las multicitadas contraprestaciones o como comúnmente se les llama, “cuotas”; hay en la actualidad, instituciones educativas como los Centros de Bachilleratos Tecnológicos Industriales y de Servicios (CBTIS), los Colegios Nacionales de Educación Profesional Técnica (CONALEP), los Colegios de Bachilleres de Coahuila (COBAC), Los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y en algunos Institutos Tecnológicos, que exigen la Tarjeta “La Mera Mera” para dar el 50% de descuento en la inscripción a los padres de familia que cuenten con este programa social, que fue creado para otorgar beneficios a través de descuentos y estímulos fiscales en los servicios que brinda el Gobierno del Estado.
Tenemos un sinnúmero de testimonios de padres de familia en donde estos centros educativos los obligan a presentar estas tarjetas, haciendo un mal uso de este programa social, ya que discriminan aquellos padres que no cuentan con dicha tarjeta, forzándolos a pagar el total de las inscripciones que van desde dos mil, hasta tres mil pesos para que sus hijos puedan acceder a los planteles. Dos mil o tres mil pesos que muchos padres de familia ni siquiera los ganan en su sueldo mensual con su arduo trabajo. Dos mil o tres mil pesos por alumno cuando la mayoría de estas familias tienen de dos a tres hijos.
Es inaudito que dada la situación económica que vivimos en México, aunada a la pandemia por la que atravesamos, en donde a los trabajadores se les ha reducido el salario, o ni siquiera cuentan con un trabajo; las escuelas públicas condicionen la incorporación de sus hijos a cambio de estas infames e incosteables cuotas.
Es por eso que solicito el apoyo de estas Secretarías, para que honremos los compromisos que asumimos como servidores públicos y como representantes de los coahuilenses, como la voz de estas familias que hoy más que nunca nos necesitan. ¡No nos quedemos callados y actuemos! Demostremos al pueblo coahuilense nuestra solidaridad; hagamos honor a nuestra investidura y hagamos valer el respeto al derecho a la educación de nuestros hijos que son las futuras generaciones de nuestro estado.
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