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vie, Abr, 2024

Existen más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que en México se vive una crisis forense y que actualmente hay 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el funcionario presentó un informe sobre las acciones que ha realizado el Gobierno de México en materia de Derechos Humanos, en el que se reconoció que no solo se vive una crisis forense, sino humanitaria y de violación de derechos.

“Existe una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”, confesó el subsecretario.

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Bajo este contexto, señaló que actualmente hay más de 90 mil reportes de personas desaparecidas, por lo que se tiene la intención de construir un Centro Nacional de Identificación Humana para atenuar esta crisis forense.

“Se han construido tres centros de identificación humana, con un alto nivel en sus capacidades; y cinco centros de resguardo temporal” informó.

Asimismo, Encinas dio a conocer que hasta el mes de noviembre de 2021, se han realizado 2 mil 200 jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en 28 estados y destacó la inversión de 6 mil 103 millones de pesos en las capacidades institucionales en materia de Derechos Humanos.

Violencia a mujeres y periodistas

Respecto a la infraestructura para atender la violencia hacia las mujeres, el subsecretario señaló un crecimiento significativo. “Se ha planteado la construcción de nuevos centros y en enero tendremos certeza de dónde serán construidos” puntualizó.

De 2019 a la fecha se han construido 26 Centros de Justicia para las Mujeres, con una inversión de 312 millones 713 mil 959 pesos, informó el subsecretario. Además, prometió enfrentar el matrimonio obligado en la Montaña de Guerrero.

Sobre la violencia a comunicadores dijo que hay más de 90% de impunidad en los homicidios de periodistas y defensores de Derechos Humanos. Además, informó que el 45% de las agresiones contra periodistas y/o defensores de Derechos Humanos proviene de autoridades municipales.

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