El estudio “Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible para el Estado de Coahuila” reveló que los fraccionamientos privados promueven el rechazo a otros sectores de la población por motivos raciales, étnicos, socioeconómicos o físicos.
De igual manera señala, profundizan la desconfianza social, deterioran la vida comunitaria y acentúan el déficit de acceso a áreas verdes y espacios públicos, que son fragmentados e inequitativos, lo que puede incluso, aumentar la conducta agresiva.
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El documento deriva de un trabajo entre el Gobierno del Estado y ONU-Hábitat, el Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, el cual advierte que cuando el crecimiento se basa en modelos habitacionales cerrados, aspectos como las áreas verdes son de uso exclusivo para un pequeño sector poblacional cuando deberían ser accesibles a toda la comunidad.
Las áreas verdes se ubican en fragmentos de terrenos que los fraccionadores deben ceder al Municipio para uso colectivo, sin embargo, son restringidos al resto de la comunidad ya que al no ser residentes, familiares de estos o acudan a realizar una prestación de servicio, se les prohíbe el paso.

De esta forma, pequeños grupos sociales limitan el derecho constitucional al libre tránsito y el acceso al espacio público, dificultando la prestación de servicios, e incluso los residentes llegan a obstaculizar el ingreso de vehículos oficiales, como las patrullas.
Por tales razones, el Congreso del Estado modificó el Artículo 179 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Coahuila estableciendo que los fraccionamientos cerrados deben “facilitar en todo momento el acceso a las autoridades administrativas y judiciales de la Federación, Estado y municipios, así como a las de seguridad pública”.
Asimismo, el Artículo prohíbe cerrar las vías públicas en los fraccionamientos para generar espacios de aprovechamiento exclusivo de propietarios, “A ello, se suma la privatización del espacio público: los residentes de conjuntos de traza cerrada, obtienen la percepción de que están en derecho de restringir el acceso público a las áreas de cesión, las cuales, sin embargo, son producto de una exacción (expropiación, privación) pública, para el acceso y disfrute de todos”.

En Torreón, por ejemplo, del 2005 al 2013, dos de cada tres viviendas nuevas se construyeron en desarrollos cerrados, con mecanismos de seguridad como casetas de vigilancia, portones, o accesos restringidos por rejas, macetas o postes. Para el 2016, casi una quinta parte de toda la superficie habitacional estaba ocupada por fraccionamientos privados.
El documento de ONU-Hábitat plantea una nueva política de urbanización sostenible y de vivienda adecuada, tomando en cuenta la opinión de más de 200 participantes nacionales y extranjeros, de la iniciativa privada, colegios de profesionales, universidades, organismos civiles y funcionarios federales, estatales y municipales.
Presenta así, un diagnóstico de la vivienda en Coahuila, con acciones específicas a seguir para la renovación jurídica de los instrumentos de legislación, economía e infraestructura urbana estatal y municipal, cuyo objetivo es fortalecer el núcleo familiar, prevenir el hacinamiento y la segregación social.

10 Problemáticas urbano-habitacionales de Coahuila:
1.- Acceso inequitativo al suelo y vivienda que resulta en desarrollo periférico y expansión de ciudades.
2.- Insuficiente vivienda asequible y de calidad.
3.- Fragmentada gestión del agua y el aire en las ciudades.
4.- Las soluciones habitacionales no promueven la sostenibilidad ambiental.
5.- El transporte y la movilidad no están centrados en personas.
6.- Espacio público fragmentado e inequitativo.
7.- Ausencia de condiciones para aplicar instrumentos de gestión de suelo.
8.- Tejido urbano degradado y barrios deteriorados.
9.- Insuficiente aprovechamiento del sistema de ciudades para detonar el desarrollo regional.
10.- Insuficiente enfoque en el usuario participación ciudadana.
Con información: Melissa Solis Reportera Digital.
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