En enero del 2023 los imputados por violencia familiar tendrán que pagar por el uso del brazalete de seguridad como medida cautelar o irán a la cárcel, informó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Mery Ayup.
Al cierre de este año, todos los brazaletes que se encuentran en uso, representa una erogación de al menos 640 mil pesos por parte del Estado coahuilense, cada vez que se utilizan.
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En caso de que los infractores no puedan pagar, “que se queden en la cárcel, porque yo no me voy a arriesgar a que maten a una mujer, no me voy a arriesgar a que la vuelvan a golpear”, expuso el magistrado.
“Los brazaletes son una medida muy importante que estamos aplicando, y el próximo año queremos que sea con cargo al infractor. Es un diseño que estamos haciendo, casi puedo decir que es un hecho en enero”.
Mery Ayup detalló que Coahuila cuenta con 80 brazaletes cuyo costo representa alrededor de ocho mil pesos cada uno.
“Es una carga importante que se está erogando para cubrir la tecnología con la cual se monitorea al infractor y se le da un dispositivo a la víctima, a la mujer, para que no sea atacada en dado caso de que él infrinja el círculo de seguridad impuesto por el juez”, indicó.
De igual forma detalló que el Poder Judicial de Coahuila tiene el objetivo de aumentar la cantidad de brazaletes el próximo año debido a la alta incidencia de agresiones contra la mujer en el hogar.
“Mi meta es llegar por lo menos a tener 200, con 200 creo que podríamos tener una buena cantidad y no solamente por este delito, sino para algunos otros que es necesario”, comentó el magistrado Miguel Mery.
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