Con respecto a lo sucedido al caso de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en dónde publicó varios chats que revelaban actos ilegales de sus cercanos contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sansores se defendió diciendo que las conversaciones, eran un invento y los diálogos habían sido fabricados.
La gobernadora, está alineada con Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial, y usó intercepciones telefónicas para dañar a uno de los adversarios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal. Sansores, contradijo el contenido de los chats, no es la primera vez que ella y su equipo realizan estas acciones con conversaciones de políticos.
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La trivialidad con la que se ve el espionaje político en México avala la impunidad, como la de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que al ser víctima de lo que promueve, el espionaje, gritó, insultó y quiso apagar todo con dimes y diretes. https://t.co/GzcLAtB0t5
— Raymundo RivaPalacio (@rivapa) January 30, 2023
La manera con la que se ha manejado todo el caso, ha sido muy difícil de entender. Tampoco se ha desmentido que terminará al servicio de la gobernadora. Pero aun suponiendo que el espionaje a Moreno y a otros políticos no salió de un centro de inteligencia en Campeche, no anula los actos ilegales de Sansores por dar a conocer actos ilegalmente obtenidos.
“La gobernadora es una delincuente confesa, y de proceder la investigación en Estados Unidos, Sansores no sería la única que podría pagar las consecuencias, sino también las áreas federales que presuntamente realizaron el espionaje, y los responsables en autorizarlos o tolerarlos, donde quedarían en entredicho no sólo el fiscal Gertz Manero, sino el propio Presidente de la República” así lo mencionó Raymundo Riva Palacio, en su columna.
