Durante 2022 en Coahuila se verificaron un total de 115 centros de rehabilitación o también llamados anexos, presentándose al menos 18 suspensiones, mientras el resto tiene un periodo de tiempo para regularizarse, mientras tanto en lo que va de 2023, 10 centros más han sido visitados, de los cuales 2 fueron suspendidos por no cumplir con las disposiciones legales que competen a la Subsecretaria de Regulación y Fomento Sanitario.
Asimismo, solo 64 anexos en el estado están avalados por la Subsecretaría contando con los permisos para su funcionamiento, además de que cuentan con un médico como su dirigente, requisitos indispensables para operar.
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La dependencia dio a conocer los ocho puntos que son verificados y con los que deben contar los centros de rehabilitación para operar en el Estado.
En primera instancia deben contar con un Aviso de Funcionamiento y de responsable sanitario, presentar un certificado de fumigación, contar con sanitarios y con regaderas exclusivas para hombres y mujeres, en caso de prestar servicio mixto.
Los centros deben contar también con agua potable, mientras que los dormitorios deben estar separados por sexo y en el caso de haber menores deben estar en dormitorios separados de los adultos, además de contar con consentimiento por escrito del padre o tutor.
De igual manera, deben tener lineamientos y disposiciones por escrito del proceso de recuperación al que el usuario se va a incorporar, necesitan también contar con manual de procedimientos aprobado por la Comisión Nacional contra las Adicciones.
Por su parte, Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud de Coahuila, aseguró que los centros de rehabilitación están creciendo sin control, por lo que la próxima semana se llevará a cabo una reunión para analizar esta problemática en conjunto con la Fiscalía General del Estado.
“Si tenemos supervisión, pero los albergues no dependen de nosotros… Nosotros apoyamos, ya que dependen del gobierno y la mayoría son particulares”, explicó.
Bernal Gómez informó, la Secretaría se encuentra investigando y tratando la situación tras la muerte de un hombre que se encontraba internado en un anexo de Ramos Arizpe, en coordinación con el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez, y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup.
El funcionario estatal detalló que existe una ley la cual regula los anexos, pero recalcó en que se carece de control, razón por la cual pretenden reunirse esta próxima semana.
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