Con el uso de la fuerza pública, el gobierno municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, desmanteló el campamento que crearon los migrantes frente a la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), que fue incendiada el 27 de marzo.
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Este incendio terminó en una tragedia mortal, pues perdieron la vida 41 extranjeros y otros 26 resultaron heridos.
Los sobrevivientes migrantes, junto con otros más que no habitaban el albergue, colocaron un altar frente a las instalaciones del INM y afuera de la Presidencia Municipal en memoria de las víctimas e iniciaron un campamento.
Después al sitio empezaron a llegar decenas de migrantes buscando un espacio mientras esperaban la posibilidad de una cita en busca de asilo político.
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El secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Omar Muñoz Morales, encabezaron el desalojo, acompañados de elementos de esa corporación, ordenando a los migrantes retirarse del sitio, mientras que los uniformados iban retirando las casas de campaña o espacios armados con cobijas, cartón y otros materiales.
Los policías no permitieron a los migrantes tomar sus pertenencias, posteriormente las tiraban en bolsas gigantes como si fuera basura, lo que provocó roces e incluso empujones.
A los migrantes se les ofreció espacio en tres carpas instaladas por el gobierno municipal y el INM en un terreno del parque El Chamizal que es susceptible de inundaciones.
En ellas se ofrecerá comida y agua potable a los extranjeros.
Al momento del desalojo, una migrante dijo a través de un altavoz: “Maltrato vestido de protección”.