La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) han instado al gobierno mexicano a intensificar las investigaciones sobre el uso ilegal del software de vigilancia Pegasus en periodistas y defensores de derechos humanos.
En un comunicado, la CIDH y la RELE destacaron la importancia de considerar el trabajo de estas personas en las investigaciones y el impacto que estas acciones tienen en una democracia.
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El 15 de mayo de 2023, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la apertura de una nueva investigación relacionada con la contratación y adquisición del sistema de espionaje Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República en 2014. La FGR informó que esta investigación se realizará por delitos como peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa. Se aclaró que estas investigaciones son independientes de los casos judiciales relacionados con intervenciones ilegales durante la administración anterior.
La CIDH y la RELE señalaron que en los últimos años han sido informadas sobre múltiples casos de espionaje a través de Pegasus en México. Una investigación realizada por Citizen Lab en abril de 2023 reveló que funcionarios de la Secretaría Nacional de Defensa (Sedena) habrían utilizado Pegasus para espiar ilegalmente a dos miembros de la organización “Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) entre junio y septiembre de 2022. Esto podría estar relacionado con su trabajo en la defensa de graves violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, se mencionó que altos funcionarios, como el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, han sido presuntamente afectados por el uso del software de vigilancia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó este hecho.
La lista de personas supuestamente afectadas por Pegasus en los últimos años incluye periodistas, defensores de derechos humanos, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa.
Por su parte, el Estado mexicano transmitió declaraciones del Presidente de la República del 30 de mayo de 2023 en las que aseguró que no se realiza espionaje contra ninguna persona, ciudadanos, periodistas ni servidores públicos.
La CIDH resaltó que estas prácticas no solo vulneran el derecho a la privacidad consagrado en la Convención Americana, sino que también ponen en riesgo la integridad de periodistas y defensores de derechos humanos, fomentan la autocensura en los medios de comunicación y desincentivan la labor en defensa de los derechos humanos.
