El segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en la ciudad de México abría negado el amparo promovido por el Sindicato Nacional Minero contra el laudo de la junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y tendría que regresar 55 millones de dólares.
Este tribunal es la autoridad laboral encargada jurídicamente para ver la causa legal de los 55 millones de dólares, que corresponden al 5 por ciento del valor de la mina de cobre, cuando fue privatizada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
El acuerdo estableció que dicho porcentaje del valor, pagado por la venta de la mina, sería para los trabajadores de Cananea.
En julio se cumplen 16 años de la recepción y desaparición de esos recursos, tomados por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero que preside Napoleón Gómez Urrutia.
Los recursos fueron depositados en un fideicomiso que poco después fue disuelto por el CEN minero, y el dinero se canalizó a diferentes cuentas y desapareció.
La junta Federal de Conciliación y Arbitraje ha emitido cuatro laudos o sentencias contra del sindicato de Napoleón Gómez Urrutia, ordenando la devolución de los 55 millones de dólares.
A través de diferentes procedimientos legales, la central minera ha promovido la no devolución de los recursos económicos a los ahora extrabajadores de la mina.
El grupo de los 719 mineros, organización formada por ex mineros que reclaman los recursos, solicitó la devolución del dinero en base al fallo del último amparo promovido por el sindicato, que perdió el 19 de mayo pasado.
El organismo, formado por extrabajadores extractores de cobre, la mayor parte adultos ya de la tercera edad, acusan al líder minero y senador de la República de estafar a los ex trabajadores de Cananea.
