Esta mañana, la jueza Angélica Sánchez Hernández fue arrestada en la Ciudad de México por la Guardia Nacional. La Fiscalía General de Veracruz la acusa de cometer delitos contra la fe pública y tráfico de influencias.
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Según el abogado Leonardo Vázquez, el delito contra la fe pública implica el mal uso de instituciones gubernamentales. Se utiliza para obtener beneficios mediante la alteración de identidad o información falsa.
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El Código Penal de Veracruz establece penas de 3 a 9 años de prisión y multas de hasta quinientos días de salario. Se aplican a quienes falsifiquen títulos o documentos para pagar bienes y servicios o obtener dinero en efectivo.
El artículo 281 del Código Penal refiere penas de 1 a 5 años de prisión y multas de hasta 50 días de salario. Aplican a quienes engañen o aprovechen el estado de la víctima para hacerla firmar un documento sin conocer su contenido o sin estar en pleno uso de sus facultades mentales.
Los funcionarios notariales que emitan certificaciones de hechos falsos también pueden ser sancionados. El uso de certificados médicos falsos para evadir obligaciones legales también enfrenta consecuencias legales.