La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ha ordenado detener la distribución de libros de texto gratuitos en el estado hasta que se resuelva una suspensión provisional otorgada por un juez. Esta medida surge a raíz de una orden que requiere que la Secretaría de Educación compruebe que los libros fueron sometidos a consulta, conforme a la legislación vigente.
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A su vez, el gobierno del estado de Guanajuato ha recuperado 429 mil 166 libros de texto de educación básica del millón 200 mil que han llegado a la entidad, luego de que las autoridades estatales acataran el fallo emitido por un juez que aprobó el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.
En Monterrey padres de familia y realizaron una protesta frente la Secretaría de Educación estatal en rechazo a los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana.
Además, señalaron al gobierno Federal de intentar adoctrinar a niños preescolar, primaria y secundaria con ideologíasque promuven el socialismo, y tocan temas como guerrillas, izquierda, derecha e identidad de genero, esto último, dijeron podría generar una confunsión en la identidad sexual de los menores de edad.
En Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, las secretarías de Educación estatales también detuvieron la distribución de los libros de la SEP.
Las autoridades educativas de Guanajuato instruyeron guardar en bodegas los ejemplares de los nuevos libros de texto, atendiendo a un amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia.
En este momento, la Secretaría de Educación de Guanajuato custodia, en su almacén regional en León, los libros destinados a estudiantes de primaria, secundaria y telesecundaria, toda vez que contienen ideas y conocimientos erróneos, así como ideologías impropias para el desarrollo de los menores de edad. El gobierno federal designó 6.7 millones de libros de educación básica para Guanajuato.
Dirigentes del PAN, PRI, PRD y PES en Michoacán sumaron voces para exigir a las autoridades frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.
Los partidos políticos consideraron que los libros que se pretende usen los estudiantes del nivel básico son dogmáticos, instrumentos para el adoctrinamiento, la hipersexualización de los menores y la reducción de la enseñanza.
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