El senador republicano Chuck Grassley ha sacado a la luz recientemente el asesinato de dos informantes confidenciales de la DEA a manos de sicarios vinculados a Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
Durante la última década, al menos siete informantes confidenciales continuaron implicados en tráfico de drogas, ejecuciones y actos de corrupción, a pesar de los respaldos y pagos de las agencias estadounidenses.
Uno de ellos es Guillermo Eduardo Ramírez Peyro, quien cometió asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras colaboraba como informante del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Este caso ilustra cómo, durante años, estos informantes operaron en la oscuridad, con escasa supervisión pero respaldo gubernamental.
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El senador Grassley no solo ha denunciado los asesinatos en su comunicado del 21 de agosto de 2023, sino que también ha cuestionado las investigaciones unilaterales de la DEA y la protección otorgada a los infiltrados por parte de la propia Fiscalía federal.
Incluso la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha criticado el uso de “informantes confidenciales”, sugiriendo motivos que incluyen ganancias financieras y evitar represalias o venganzas.
Se ha descubierto que agencias como la DEA mantuvieron en su nómina, durante 30 años, a un solo informante confidencial al que pagaron 30 millones de dólares, alrededor de un millón al año por su información.
El caso de Guillermo Ramírez Peyro, ex policía de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ilustra cómo operaba en múltiples frentes: como policía, traficante de drogas y confidente de ICE.
Ramírez Peyro facilitó información sobre el Cártel de Juárez al gobierno estadounidense, llevando al arresto de unas 50 personas, incluido un alto lugarteniente. Sin embargo, su relación con este último lo llevó a cometer crímenes horribles, incluyendo asesinatos y entierros clandestinos. Su testimonio detalla la complicidad de funcionarios de ICE en estos actos.
