El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de llevar a cabo actividades de espionaje y conspiración en el país.
La semana pasada, el gobierno venezolano suspendió las operaciones de la oficina del Alto Comisionado de la ONU, que había estado en funcionamiento desde 2019. Esta decisión se tomó después de que el organismo expresara preocupación por el arresto de la activista Rocío San Miguel, acusada de «terrorismo».
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El gobierno también expulsó al personal de la oficina, alegando que abandonaron el país el sábado pasado.
«La gota que rebosó el vaso después de tanto hablar, de tanta paciencia, fue un caso reciente con una persona involucrada en estas labores de espionaje (…) y ellos salieron a calificar a la fiscalía, al poder judicial y al país de manera abusiva» añadió Maduro.
El arresto de San Miguel ocurrió el 9 de febrero mientras se disponía a viajar al extranjero con su hija, quien fue liberada bajo fianza. La fiscalía la acusó de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración», vinculándola directamente con un supuesto plan para asesinar a Maduro. Además, su ex esposo fue detenido por presunta revelación de secretos políticos y militares.
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Los hermanos de Rocío y el padre de su hija también fueron detenidos y luego liberados. Su arresto generó preocupación tanto en la oficina del Alto Comisionado como en Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, Maduro declaró que Venezuela sigue comprometida con la oficina de derechos humanos en Ginebra, pero exige que esta rectifique y se disculpe antes de levantar la suspensión de sus actividades.
