México presentó este martes 30 de abril sus argumentos ante la CIJ (Corte Internacional de Justicia) para solicitar medidas cautelares que protejan su embajada en Quito, tras el asalto del 5 de abril pasado por parte de las autoridades ecuatorianas.
El consejero jurídico de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores), Alejandro Celorio, afirmó que la confianza con Ecuador se ha visto seriamente afectada tras el asalto a la embajada. «Hay una pérdida de confianza con Ecuador», señaló Celorio, quien agregó que México ha solicitado a la CIJ que ordene a Ecuador salvaguardar la embajada, las residencias del personal diplomático y los archivos del gobierno mexicano.
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México argumentó que el asalto a la embajada violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Celorio también señaló que el gobierno de Ecuador podría estar interesado en la información que se encuentra en los archivos de la embajada mexicana, incluyendo información relacionada con el asilo político otorgado al ex vicepresidente Jorge Glas.
Se espera que Ecuador presente sus propios argumentos ante la CIJ mañana. El país podría argumentar que el asalto a la embajada fue legal bajo el derecho internacional, ya que Glas era un fugitivo de la justicia ecuatoriana.
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La CIJ podría resolver sobre las medidas cautelares en un par de semanas. Si la corte falla a favor de México, Ecuador estaría obligado a proteger la embajada mexicana y sus bienes. En caso de que la CIJ no otorgue las medidas cautelares, México ha dicho que podría considerar nombrar a un país ‘protector’ para que vele por sus intereses en Ecuador.
El caso de fondo, que incluye la posible suspensión de Ecuador como miembro de la ONU y la exigencia de garantías de no repetición, podría tardar varios meses en resolverse. Las audiencias sobre el caso de fondo se prevén para enero o febrero de 2025. Ecuador también ha presentado una demanda contra México ante la CIJ por el otorgamiento de asilo a Glas, argumentando que viola el derecho internacional. Celorio calificó esta demanda como una estrategia del gobierno ecuatoriano para cambiar la narrativa de los hechos.
