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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó, por mayoría de ocho votos, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Su propuesta buscaba declarar improcedente la consulta relacionada con la reforma judicial y con esto frenar la consulta interna de ministros contra la reforma.
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En la presentación de su proyecto, la ministra Esquivel Mossa argumentó que la Corte no tiene la facultad para actuar en contra de la Constitución. Su propuesta indicaba que la consulta, aunque es procedente, debe ser desechada por ser notoriamente improcedente.
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El asunto llegó al Pleno tras una solicitud de un magistrado, secretarias y un secretario de un Tribunal Colegiado. Ellos pidieron a la Corte que analizara la reforma judicial, considerando que esta podría violar el principio de separación de poderes.
Las únicas que apoyaron el proyecto fueron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Batres señaló que la Corte no puede emitir una resolución de fondo, ya que no tiene competencia para ello.
Admitir la solicitud implicaría violar la Constitución, al atribuirse una competencia no otorgada por esta o por alguna ley, según Batres. La fracción XVII del artículo 11 de la ley orgánica solo establece facultades administrativas para resolver controversias entre órganos del Poder Judicial.
En contraposición, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumentó que la petición de los juzgadores merecía una apertura de expediente. Afirmó que esto se debía a una posible vulneración a un derecho humano.
González Alcántara destacó que el Tribunal Constitucional debe actuar como guardián del texto supremo. No se puede desconocer el mandato en el artículo 11, fracción 17, que implica velar por la independencia del poder judicial.
Además, durante la sesión, los ministros declararon sin materia una consulta presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED). Esta consulta pedía determinar si la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, podía decretar medidas cautelares para detener el proceso legislativo, que concluyó con su publicación el 15 de septiembre de 2024.