El 17 de febrero de 2025, el Comité Técnico para la creación del Proyecto de Ley General sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos llevó a cabo su sexta sesión de trabajo en la Ciudad de México. Este evento se realizó en cumplimiento del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de implementar la Reforma Constitucional al artículo 2°. Durante la reunión, se discutieron diversos temas clave para asegurar el ejercicio pleno de los derechos de mujeres, niños, jóvenes, migrantes y residentes indígenas.
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Se instalaron cuatro mesas de trabajo dedicadas a distintos aspectos: derechos de los pueblos indígenas, derechos de los pueblos afromexicanos, derechos específicos de mujeres, niños y migrantes, y responsabilidades, procedimientos y sanciones. En su intervención, Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), expresó su agradecimiento por el esfuerzo de todos los involucrados, destacando la importancia de este proyecto como resultado de las luchas históricas.
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Ángeles Arcos, en representación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, resaltó que este proyecto de ley representa una herramienta normativa para transformar las prácticas de las autoridades y fortalecer la defensa de las comunidades. Además, reconoció las condiciones favorables que existen actualmente para concretar las demandas de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Por otro lado, Alejandro Vázquez Segura, de la Secretaría de Gobernación, destacó que este proyecto es histórico y tiene el potencial de cambiar la vida de las comunidades indígenas y afromexicanas. Durante los dos días de trabajo, se discutieron varios avances en la ley, incluyendo la estructura de las disposiciones preliminares y el derecho a la consulta libre, previa e informada.
El trabajo que ha surgido de las sesiones busca no solo consagrar los derechos fundamentales de estos pueblos, sino también establecer los mecanismos legales para su cumplimiento y las sanciones correspondientes en caso de violaciones. La ley en construcción tiene como fin garantizar la participación real y efectiva de las comunidades en la toma de decisiones que les afectan.
La senadora Susana Harp y otros representantes de instituciones gubernamentales también agradecieron el trabajo colaborativo, reconociendo que el proyecto de ley aún debe seguir evolucionando. La presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales, concluyó que este proyecto es un paso importante para transformar las problemáticas de los pueblos indígenas y afromexicanos a través del diálogo y la cooperación.
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