El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la entrega de 29 personas solicitadas por Estados Unidos no fue un proceso de extradición. Entre ellos estaban Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, fundadores de Los Zetas.
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“Existía el riesgo de que algunos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasando los procesos de extradición derivado de acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos como ya se había hecho en otras ocasiones”, dijo García Harfuch en conferencia de prensa.
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El funcionario destacó que las personas enviadas a Estados Unidos enfrentaban acusaciones por delitos graves en México y representaban un riesgo para la seguridad en ambos países. Además, asegúrese de que el procedimiento se lleve a cabo conforme a los protocolos institucionales, con la presencia de personal médico y jurídico para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aclaró que la entrega se realizó con base en la Ley de Seguridad Nacional y no en el proceso de extradición. Precisó que ninguna suspensión o amparo fue violada, ya que se trató de un mecanismo distinto.
“Es una decisión del gabinete de seguridad. Es una decisión colegiada que se tomó en ese momento, en que no tiene nada que ver la señora presidenta de la República”, subrayó por su parte García Harfuch, y señaló que existía el riesgo de que varios de los “objetivos de seguridad” consiguieran su libertad –incluyendo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”–, o continuaran atrasando sus procesos de extradición.
Según el fiscal, el gobierno estadounidense presentó una solicitud formal por escrito, lo que llevó a convocar al Consejo Nacional de Seguridad. Tras analizar la petición y confirmar el cumplimiento de los requisitos legales, se autorizó el traslado inmediato de los 29 individuos.
En respuesta a declaraciones del Departamento de Estado sobre la posibilidad de que algunos de los detenidos enfrenten la pena de muerte, Gertz Manero pidió evitar especulaciones. Aclaró que la legislación mexicana no contempla esa sanción y que los acuerdos de colaboración entre ambos países establecieron el respeto a este principio.
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