La administración de Donald Trump planea reabrir centros de detención para niños migrantes no acompañados en Estados Unidos. Al mismo tiempo, busca reducir el acceso a servicios legales para estos menores, lo que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos.
El gobierno ha solicitado información sobre instalaciones seguras donde puedan ser alojados adolescentes de entre 13 y 17 años. Además, evalúe eliminar el programa que les brinda representación legal mientras enfrentan procesos migratorios.
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Las modificaciones aún no están confirmadas, pero de aprobarse cambiarían la forma en que Estados Unidos trata a los niños que llegan sin compañía de un adulto. Muchos de ellos huyen de situaciones de violencia en sus países de origen.
El número de menores migrantes ha aumentado desde 2012, alcanzando más de 128 mil casos en 2022. Durante la administración de Joe Biden, se dejaron de usar instalaciones con condiciones carcelarias para estos niños y se ampliaron los servicios legales.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) es responsable de su cuidado. Sin embargo, la administración Trump busca reducir el financiamiento a los programas de asesoría legal. En lugar de recibir orientación en persona, los niños veían un vídeo sobre sus derechos.
Los expertos advierten que estas medidas pueden afectar la protección de los menores y exponerlos a procesos más difíciles. La representación legal es clave para su seguridad, ya que los niños con abogados tienen más posibilidades de obtener un estatus migratorio.
También se teme que estos cambios permiten condiciones inadecuadas para niños en situación vulnerable. ORR dejó de usar estos centros en 2023, pero el gobierno de Trump considera que son necesarios para casos específicos.
Otra medida impulsada por la administración es compartir información de los patrocinadores de estos menores con el Departamento de Seguridad Nacional, lo que podría derivar en arrestos o deportaciones.
Los cambios propuestos buscan modificar el enfoque actual de la ORR, integrándola en las políticas de control fronterizo. Se argumenta que estas medidas ayudarían a prevenir la explotación infantil, pero organizaciones defensoras advierten que pueden poner en riesgo a los niños.
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