Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado de la República aprobó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. La iniciativa fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y contó con el respaldo de las bancadas de Morena, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
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Esta reforma plantea una transformación importante en la regulación del sector. Entre sus puntos centrales se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En su lugar, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como autoridad reguladora.
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Como parte de esta reestructura también nace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado de la ATDT, con autonomía técnica y operativa. Esta comisión será responsable de administrar el espectro radioeléctrico y de garantizar el desarrollo del sector, bajo principios de pluralidad, competencia y eficiencia.
Uno de los temas que generó mayor discusión fue el artículo 109, que permitiría el bloqueo temporal de plataformas digitales. Este fue eliminado, lo que atiende preocupaciones sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. A cambio, se mantuvo el artículo 209, que faculta a la Secretaría de Gobernación a suspender publicidad de gobiernos extranjeros, excepto si es de carácter cultural, turístico o deportivo.
En la discusión, los legisladores de oposición expresaron su preocupación por lo que consideran un exceso de facultades otorgadas a la nueva agencia. Sin embargo, se acordó reducir esas atribuciones a nueve, lo cual fue destacado por Movimiento Ciudadano como un avance importante.
La ley fortalece también los derechos de las audiencias. Se otorga más poder a las figuras encargadas de proteger estos derechos, y se incorpora un enfoque que busca reducir la desinformación y aumentar la transparencia.
Por otro lado, se prohíbe la transmisión de publicidad engañosa disfrazada de contenido noticioso. También se limita el uso de medios nacionales por parte de gobiernos extranjeros para difundir propaganda con fines políticos o comerciales.
La nueva normativa busca facilitar la instalación de infraestructura tecnológica, fomentar la inversión y ampliar la cobertura de internet, sobre todo en zonas de difícil acceso. Para lograrlo, se simplifican trámites y se ofrecen incentivos a concesionarios que lleven servicios a comunidades alejadas.
En el caso de medios comunitarios, indígenas y públicos, se garantiza su viabilidad con reglas claras sobre financiamiento, independencia editorial, acceso a tecnología y participación ciudadana.
El proceso legislativo de esta ley incluyó cinco conversatorios abiertos, en los que participaron más de 80 especialistas. Esto permitió realizar alrededor de 70 modificaciones al proyecto original, integrando distintas propuestas.
Con esta nueva ley, se pretende construir un modelo más incluyente, justo y transparente en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. La implementación de las nuevas disposiciones será progresiva, conforme se establezca la estructura de la ATDT y sus órganos técnicos.
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