Huelga en el campo californiano: Jornaleros paran tras redadas migratorias y muerte de trabajador

En el corazón agrícola de California, trabajadores del campo han iniciado una huelga de 72 horas en protesta por las redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La movilización, que ha sido nombrada “Huelga por la Dignidad”, fue convocada por distintas organizaciones campesinas y defensores de derechos humanos, tras una serie de operativos que han dejado más de 200 jornaleros detenidos y, lamentablemente, una persona fallecida.

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La protesta afecta directamente a zonas clave para el abasto alimentario del estado, como Santa Bárbara, Camarillo, Ventura, Oxnard y Carpintería, donde durante los próximos tres días no se realizarán labores de siembra ni cosecha. El objetivo, según los organizadores, es visibilizar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores del campo frente a acciones consideradas como injustas y discriminatorias.

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El caso que ha causado mayor indignación es el de Jaime Alanís, un jornalero que perdió la vida mientras intentaba escapar de una redada. Según testigos, Alanís trepó al techo de un invernadero, pero cayó y sufrió heridas graves que resultaron fatales. Su muerte se convirtió en un símbolo de la urgencia por frenar este tipo de operativos.

Uno de los incidentes más tensos se registró el pasado jueves 10 de julio en la finca Glass House Farms, en Camarillo, dedicada al cultivo de cannabis. Durante esa jornada, decenas de agentes de ICE se enfrentaron con trabajadores del campo y activistas. Además, el Departamento de Seguridad Nacional reportó la presencia de al menos diez menores en el área durante el operativo.

Ante esta situación, organizaciones como el sindicato United Farm Workers (UFW) y autoridades de la ciudad de Los Ángeles impulsaron acciones legales para detener las redadas que, según denuncias, se han ejecutado bajo criterios de perfil racial. El viernes 11 de julio, un tribunal federal emitió órdenes de restricción temporal que prohíben al gobierno federal y al Departamento de Seguridad Nacional continuar con estas prácticas en Los Ángeles y los condados cercanos.

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