INPI pide a la Suprema Corte garantizar derechos de comunidades indígenas de Michoacán conforme a la Constitución

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, al resolver tres controversias constitucionales, se considere el nuevo marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas en México.

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Los casos corresponden a las controversias 17/2022, 165/2021 y 83/2022, presentadas por municipios de Michoacán. En ellas se impugnó el derecho de las comunidades indígenas a ejercer directamente los recursos del presupuesto municipal. Las comunidades involucradas son Crescencio Morales, del municipio de Zitácuaro, y Jarácuaro, en el municipio de Erongarícuaro.

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El INPI recordó que, en septiembre de 2024, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 2° constitucional. Esta reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. También establece que deben recibir y administrar directamente sus propios recursos presupuestales.

Además, dicha reforma obliga a los tres niveles de gobierno a incluir partidas específicas en sus presupuestos, asegurando que las comunidades ejerzan los fondos según las leyes aplicables. Este principio respalda el derecho a la libre determinación de los pueblos, incluyendo el manejo de sus recursos para funciones autónomas.

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