La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalida parte de la reforma electoral aprobada en 2023, la cual incluía un candado para impedir que personas con antecedentes de violencia contra mujeres, niñas y niños pudieran postularse a cargos de elección popular, incluso cuando contaran con sanciones administrativas o laborales.
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Explicó que esta reforma nació de un proceso de diálogo y escucha con colectivas feministas que, desde la legislatura anterior, presentaron propuestas para fortalecer la protección y prevenir que agresores ocuparan puestos públicos.
“En el 2023 diputadas y diputados del PRI dijimos que ningún agresor de mujeres, niñas ni de niños debía ir en las boletas, eso lo cumplimos y esta reforma nació de una escucha con colectivas”.
Subrayando que la propuesta contó con el respaldo de su bancada y de partidos aliados. Indicó que la reforma establecía como impedimento para ser candidato la existencia de resoluciones, infracciones o sanciones en cualquiera de tres vías: penal, laboral o administrativa.
Con la decisión de la Corte, precisó, la restricción se reduce exclusivamente a casos con sentencia penal firme, dejando fuera situaciones en las que haya sanciones administrativas o laborales, aunque estén relacionadas con violencia de género. “Esta impugnación ha debilitado la protección y ahora solamente aplica cuando hay una sentencia penal firme, ya no por antecedentes administrativos o alguna otra infracción”, explicó.
La legisladora criticó que Morena se inconformara con la medida, lo que derivó en el fallo que ahora limita su alcance. Consideró que esto significa un retroceso en materia de derechos y en la prevención de la violencia, ya que abre la puerta para que agresores sancionados administrativamente puedan competir por cargos públicos. “Ojalá no le dé la espalda a la niñez, como ya lo hizo con las mujeres”, dijo.
Morales ejemplificó con casos de acoso sexual laboral, que pueden denunciarse en las tres vías. Antes de la resolución de la Corte, cualquier sanción por este tipo de conductas impedía la candidatura, pero ahora, si el proceso se lleva únicamente por la vía administrativa, no tendría efectos electorales.
“Hay personas que dicen: pues nada más me voy a la administrativa por una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, y aunque tengan una sanción, ya no les impide ser candidatos”, advirtió.
Ante este escenario, la presidenta del Congreso aseguró que las y los legisladores de la Alianza Legislativa están trabajando en nuevas propuestas para evitar que personas con antecedentes de violencia o incumplimiento de obligaciones familiares lleguen a las boletas.
Mencionó que ya se presentó una iniciativa para impedir que deudores alimentarios puedan ser candidatos, con la expectativa de que sea aprobada pronto y no sea objeto de impugnación.
Morales reiteró que el Congreso de Coahuila continuará buscando alternativas legales que cierren el paso a quienes representen un riesgo para la integridad y los derechos de mujeres, niñas y niños. “No hay marcha atrás en el compromiso de proteger a los sectores más vulnerables; vamos a seguir legislando para garantizarlo”, concluyó.
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